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En Honduras, la proximidad de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 ha intensificado las preocupaciones sobre la integridad del proceso electoral. Dos focos de tensión se han manifestado: las sospechas de una posible instrumentalización del Ministerio Público contra consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente desconfianza hacia el papel de las Fuerzas Armadas como garantes del proceso democrático.
Se ha reportado la sospecha de que el Ministerio Público estaría preparando acusaciones formales contra consejeras del CNE, lo que ha generado alarma entre sectores políticos y organizaciones defensoras de la democracia. Se alega que este proceso judicial tendría motivaciones políticas, dirigido contra consejeras que han mostrado posiciones críticas o independientes frente al oficialismo. La posible judicialización de consejeras del CNE se produce en un momento delicado, cuando el órgano electoral debe garantizar la organización imparcial del proceso electoral, la credibilidad de los resultados y la confianza de los partidos políticos y la ciudadanía.
Peligro de supervisión y desconfianza en las instituciones
Este estilo de medidas podría socavar la autonomía institucional y minar la confianza ciudadana en el sistema electoral. Los críticos y grupos civiles han manifestado su inquietud, solicitando indagaciones fundamentadas en evidencia sólida y no en venganzas políticas. Se han hecho peticiones a la comunidad global para que se exprese ante cualquier intento de distorsión institucional del CNE y vigile las acciones del Ministerio Público.
Al mismo tiempo, ha aumentado la desconfianza de los ciudadanos y la política sobre la función de las Fuerzas Armadas como defensoras del proceso democrático. Dirigentes de partidos de oposición, entidades de la sociedad civil y expertos independientes han expresado su inquietud por destituciones y retiros dudosos dentro de la oficialidad militar, la alineación ideológica y operativa entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, la participación activa de personal militar en procedimientos civiles y elecciones, y la ausencia de claridad en la organización del despliegue militar durante las votaciones.
Miedo a la militarización y exhortaciones a la supervisión
Durante las elecciones primarias de marzo, se reportaron incidentes relacionados con retrasos en la entrega de material electoral y presencia militar inusual en ciertos centros de votación, lo que ha aumentado el temor a una militarización del proceso electoral. Se teme que las Fuerzas Armadas, bajo la influencia de figuras del oficialismo, actúen como herramienta para facilitar un fraude electoral o reprimir la protesta ciudadana.
El aumento del escepticismo ha provocado llamados inmediatos a entidades globales para que envíen misiones de supervisión y demanden garantías de imparcialidad militar y claridad operativa. Colectivos ciudadanos han empezado a formar redes de monitoreo social para registrar posibles excesos o inconsistencias. La confianza en el proceso electoral del 30 de noviembre dependerá del comportamiento de las autoridades y la observación de la ciudadanía.