_-_copia.jpg "Ley de Justicia Tributaria")
El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha avivado la discusión social y política, con varios sectores alegando que la propuesta, promovida por el Partido LIBRE, va más allá del ámbito tributario y se emplea como un instrumento político para dividir a la población hondureña. Líderes sociales, empresarios, trabajadores y dirigentes comunitarios han manifestado que el discurso oficialista acusa a ciertos grupos empresariales de ser la causa de los problemas económicos del país, promoviendo un discurso que, según estos sectores, estimula el conflicto entre la población más necesitada y los sectores productivos.
Este escenario ha suscitado inquietud debido al potencial efecto que la ley podría tener en la unidad social y el bienestar económico. La controversia ha sido impulsada por la sensación de que la ley pretende clasificar a los emprendedores o creadores de empleo como opositores del pueblo, distrayendo de cuestiones estructurales y de la eficacia estatal. Los expertos alertan que esta táctica podría frenar la inversión, aumentar el descontento social y deteriorar la cohesión social, impactando de manera negativa en el empleo y el bienestar general.
Relatos de separación y respuestas comunitarias
La discusión sobre la Ley de Equidad Fiscal ha creado un ambiente de conflicto entre el gobierno y la industria privada, reflejado en disputas tanto dentro del Congreso Nacional como en el discurso público. Líderes empresariales han descrito la propuesta como perjudicial y maliciosa, señalando que favorece la confrontación y la exclusión por encima del acuerdo y el diálogo. Se advierte que eliminar los incentivos y beneficios fiscales impactará directamente a los sectores productivos, elevando los costos de producción y, por ende, el costo de los alimentos y servicios esenciales para la ciudadanía.
El clima de polarización ha quedado evidenciado en episodios de conflicto en el Congreso, donde la discusión sobre el proyecto de ley ha llevado a choques entre congresistas del oficialismo y de la oposición, evidenciando la magnitud de las divisiones políticas e institucionales en la nación. A su vez, ciertos académicos reconocen que la propuesta podría ser ventajosa si se aplica con transparencia y participación de múltiples sectores, pero señalan que la ausencia de información precisa y la sensación de imposición crean incertidumbre y desconfianza en la población.
Repercusiones financieras y exhortación a la cohesión del país
Los efectos económicos mencionados por los sectores críticos abarcan la posible pérdida de empleos debido al cierre de compañías y la disminución de la inversión, el incremento de la pobreza por el aumento del costo de productos básicos y el deterioro del entorno económico, lo cual podría impulsar la migración y el conflicto social. Empresarios y líderes gremiales afirman que la ley es una amenaza directa al trabajo y la inversión, y advierten sobre el peligro de repetir experiencias desfavorables de otros países de la región donde medidas similares han debilitado el entramado empresarial y social.
Ante esta situación, varios sectores han solicitado al Congreso Nacional y a la población que eviten la discordia fomentada por discursos políticos, subrayando que la auténtica equidad social se consigue mediante el desarrollo económico, la inversión sustentable y la creación de oportunidades para todos, en lugar de leyes punitivas o campañas de enfrentamiento. Mientras tanto, el gobierno afirma que la legislación pretende ajustar los privilegios fiscales existentes y reforzar los sistemas de protección social, destacando la importancia de la unidad nacional para progresar hacia el bienestar de todos.