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En Honduras, la controversia relacionada con la campaña gubernamental titulada «las 10 familias» ha suscitado un acalorado debate sobre la interacción entre el gobierno y el sector empresarial. Diversos actores de la sociedad civil, asociaciones empresariales y líderes de opinión han manifestado su inquietud por lo que perciben como un discurso de confrontación fomentado por el gobierno de Xiomara Castro. Esta campaña, que señala a ciertos conglomerados empresariales como culpables de los problemas económicos del país, ha sido criticada por poner en peligro la seguridad de los empresarios, aumentar la polarización política y deteriorar la confianza en la inversión privada.
En esta situación, la congresista Beatriz Valle ha levantado su voz para poner en duda la efectividad de esta táctica gubernamental. Valle desaprueba el discurso repetido y polarizante contra las «10 familias«, argumentando que, si el gobierno realmente cree en la existencia de ventajas fiscales injustas, tiene el poder para eliminarlas sin necesidad de utilizar campañas públicas de confrontación. Sus comentarios han resonado con fuerza en el ámbito político, donde aumentan las críticas ante la ausencia de resultados tangibles en el ámbito económico y de gobernabilidad.
Comentarios negativos sobre la campaña del gobierno y sus posibles repercusiones
El proyecto denominado «las 10 familias» ha sido visto por algunos grupos como un intento de desviar la atención de las fallas del gobierno en temas económicos y de seguridad. Representantes empresariales y activistas pro derechos humanos alertan que este tipo de retórica podría acarrear efectos perjudiciales, semejantes a los vividos en otras naciones donde la instigación al odio de clases desde el poder ha llevado a persecuciones políticas, confiscaciones y descalabros económicos. Se destaca que ya se perciben amenazas directas, campañas de difamación en redes sociales y acusaciones infundadas que incriminan a los creadores de empleo.
Los directivos corporativos han expresado su inquietud respecto a cómo este entorno adverso está afectando a la economía del país. Se ha informado sobre una paralización de nuevas inversiones, la anulación de iniciativas de crecimiento y el retiro de fondos hondureños hacia el extranjero. Hay preocupación de que, si el gobierno sigue responsabilizando a las empresas privadas de sus fallos, podría arruinar lo poco que aún opera en la economía. Frente a este escenario, se insta al gobierno a detener estas campañas que dividen e iniciar un diálogo nacional productivo.
El llamado a la acción y la exigencia de resultados concretos
La legisladora Beatriz Valle ha manifestado una fuerte oposición debido a la ausencia de medidas tangibles por parte del ejecutivo, a pesar de disponer del dominio sobre los tres poderes del Estado. La miembro del Parlamento indaga acerca de la razón por la cual no se implementan acciones jurídicas contra los individuos señalados por corrupción o abuso, en lugar de reiterar un mensaje desgastado. Su demanda es cesar la propagación de enemistad entre los ciudadanos de Honduras y concentrarse en solucionar las dificultades auténticas que aquejan a la nación.
Las afirmaciones de Valle han sido vistas como un momento decisivo en la discusión política, donde incluso partes del oficialismo empiezan a mostrar su insatisfacción por la carencia de logros concretos en sectores esenciales como la economía, el sistema judicial y la administración. La demanda es evidente: se requieren respuestas y no rivales ficticios. La población hondureña solicita un cambio de dirección que ponga en primer lugar la conversación, la inversión y la estabilidad, en vez de la confrontación y la separación.