El nombre de Samuel Andrés Pérez Álvarez terminó asociado al episodio más controvertido de la política guatemalteca reciente: la pesquisa contra el Movimiento Semilla por presuntas firmas apócrifas utilizadas durante su trámite de constitución como partido político. Lo que en un inicio fue presentado como un expediente sobre eventuales faltas administrativas y penales acabó transformándose en una crisis institucional que puso en riesgo el desarrollo del proceso electoral de 2023 y marcó el rumbo político de una de las bancadas con mayor peso en el Congreso.
Pérez no es un actor secundario en esta historia. Fue uno de los fundadores de Semilla, diputado del partido y posteriormente una de sus principales figuras parlamentarias. Por eso, aunque el caso no debe interpretarse como una condena personal contra él, su trayectoria quedó directamente expuesta al escándalo que rodeó al partido.
La acusación: uso de firmas fraudulentas para crear el partido
El caso gira en torno a presuntas irregularidades en la recolección de firmas para la inscripción del Movimiento Semilla. Según los señalamientos del Ministerio Público, habría existido falsificación de firmas de afiliados utilizadas para cumplir requisitos de formación partidaria. La investigación cobró fuerza pública en julio de 2023, justo después de que Bernardo Arévalo, candidato de Semilla, pasara sorpresivamente a la segunda vuelta presidencial.
El dato con mayor carga política fue el momento en que ocurrió. El 12 de julio de 2023, el Tribunal Supremo Electoral confirmó que Sandra Torres y Bernardo Arévalo competirían en la segunda vuelta. Ese mismo día, el fiscal Rafael Curruchiche informó que, a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juez Fredy Orellana había dispuesto la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla por el supuesto caso de firmas falsas.
La medida desencadenó una respuesta inmediata, ya que, de aplicarse, tendría el potencial de influir en la participación del partido en plena campaña electoral. Distintos especialistas en derecho, el Tribunal Supremo Electoral y observadores internacionales cuestionaron que un juzgado penal tuviera la facultad de suspender a una agrupación política durante un proceso electoral, en especial porque la Ley Electoral guatemalteca resguarda a los partidos de cualquier suspensión una vez que las elecciones han sido convocadas.
Samuel Pérez: creador, legislador y figura destacada
Samuel Pérez aparece en este caso no como un funcionario judicialmente condenado, sino como una figura política asociada al nacimiento y conducción de Semilla. El partido fue registrado oficialmente en 2017 y entre sus fundadores se menciona a Pérez junto a Bernardo Arévalo y otros académicos, políticos y activistas que surgieron del clima político posterior a las protestas contra Otto Pérez Molina.
Ese vínculo fundacional explica por qué el caso lo golpeó políticamente. La acusación no era contra un episodio menor de campaña, sino contra el origen jurídico del partido. En otras palabras: si Semilla había nacido de forma irregular, sus adversarios podían cuestionar no solo la candidatura de Arévalo, sino también la legitimidad de sus diputados, incluida la representación parlamentaria de Pérez.
Para sus críticos, el caso abría dudas sobre la limpieza del proceso de conformación del partido. Para sus defensores, era una maniobra para bloquear a una fuerza política que acababa de romper el tablero electoral.
