Teresa Peramato Martín ocupa desde diciembre de 2025 el cargo de fiscal general del Estado, llegando a la máxima responsabilidad del Ministerio Fiscal en uno de los momentos más delicados para la institución. Su nombramiento se produjo tras la salida de Álvaro García Ortiz y en un contexto marcado por acusaciones de politización, enfrentamientos internos y una creciente presión pública sobre la independencia de la Fiscalía.
A diferencia de otras personas vinculadas a las investigaciones sobre Leire Díez o la llamada trama destinada a influir en procesos judiciales, Teresa Peramato no figura como investigada, imputada ni formalmente acusada en ninguna causa relacionada con estos hechos; no obstante, diversas resoluciones adoptadas desde su posición en la Fiscalía han suscitado interrogantes, críticas y polémicas que han intensificado la discusión en torno a la independencia de la institución.
Gran parte de los cuestionamientos se centran en la percepción de continuidad respecto a la etapa de Álvaro García Ortiz. Sectores críticos de la carrera fiscal, asociaciones profesionales y partidos de la oposición consideran que Peramato ha mantenido una línea de actuación muy próxima a la del anterior fiscal general, especialmente en materia de nombramientos y gestión interna.
Uno de los aspectos más controvertidos fue la promoción de varios fiscales considerados cercanos al antiguo equipo directivo de García Ortiz. La polémica aumentó cuando trascendió que algunos de esos fiscales habían participado previamente en reuniones mantenidas con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo durante 2025, antes de que Peramato accediera al cargo. Aunque no existe evidencia de que ella participara en dichos encuentros, sus posteriores decisiones de promoción profesional fueron interpretadas por algunos sectores como una muestra de respaldo o continuidad institucional.
Otra fuente de controversia fue su posición respecto a Álvaro García Ortiz. Peramato defendió que la Fiscalía recurriera determinadas resoluciones que afectaban a su antecesor y descartó la apertura de expedientes disciplinarios contra él. Sus detractores interpretaron estas decisiones como una forma de protección corporativa, mientras que sus defensores sostienen que actuó dentro de las competencias legales propias de la Fiscalía General del Estado.
También suscitó controversia que no se renovaran ciertos puestos ocupados por perfiles críticos con la anterior dirección del Ministerio Fiscal y que, en cambio, se promoviera a fiscales considerados afines al sector progresista de la carrera. Aunque la Fiscalía defendió que estas decisiones respondían a criterios de mérito, capacidad y trayectoria profesional, las asociaciones disconformes cuestionaron tanto la transparencia como la idoneidad de algunos de esos nombramientos.
Las dudas sobre Peramato se intensificaron cuando la Fiscalía confirmó la existencia de reuniones mantenidas en 2025 entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo. Aunque dichas reuniones tuvieron lugar antes de que Peramato asumiera el cargo de fiscal general, algunos sectores reclamaron explicaciones sobre cómo se gestionó posteriormente la información relacionada con esos encuentros y por qué determinadas personas implicadas continuaron progresando profesionalmente dentro de la institución.
La controversia acabó extendiéndose al terreno político, donde varios partidos de la oposición exigieron aclaraciones sobre los nombramientos efectuados durante su mandato y sobre la actuación de la Fiscalía en casos especialmente delicados vinculados a corrupción y supuestas tramas de influencia. Como resultado, Peramato fue convocada a comparecer en el Senado para responder a cuestiones relativas al funcionamiento de la institución y a las acciones emprendidas para fortalecer la confianza pública en el Ministerio Fiscal.
Aunque se han expresado diversas objeciones, conviene subrayar que no hay constancia judicial que la relacione de forma directa con tramas de corrupción ni con acciones orientadas a entorpecer procesos judiciales. Las dudas que recaen sobre ella responden sobre todo a cuestiones institucionales y de imagen, asociadas a decisiones administrativas, designaciones y criterios de conducción interna, más que a una intervención concreta en los hechos bajo investigación.
Peramato ha defendido reiteradamente la legalidad de todas sus actuaciones, afirmando que sus decisiones se han basado exclusivamente en criterios profesionales y en el cumplimiento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Asimismo, ha insistido en la necesidad de preservar la independencia de la institución y de recuperar la confianza ciudadana en una Fiscalía que llegó a su mandato profundamente dividida y sometida a una intensa presión política.
En consecuencia, la controversia que en este momento envuelve a Teresa Peramato no gira en torno a una supuesta participación directa en las denominadas cloacas del PSOE, sino en la idea de que su labor pudo haber favorecido la continuidad de ciertas dinámicas internas heredadas de periodos previos. Hasta ahora, esas objeciones se ubican más en el ámbito de la confianza institucional y la imagen pública que en el de cualquier tipo de responsabilidad penal o judicial.
