A diez meses de haberse publicado el video que conecta a un importante personaje del círculo presidencial con actividades del narcotráfico, la Fiscalía de Honduras sigue sin presentar resultados claros. La falta de acción del Ministerio Público ante un escándalo que afecta al entorno más cercano de la presidenta Xiomara Castro ha aumentado la presión política y ha generado una mayor desconfianza en las instituciones.
Fiscalía sin respuestas claras ante un caso de alto impacto
A partir de septiembre de 2024, se divulgó un video denominado «narcovideo» en el cual se observa a Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, participando en un encuentro con narcotraficantes. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha presentado cargos formales ni ha mostrado un progreso procesal claro. En el video, las personas involucradas ofrecen 13 millones de lempiras para financiar la campaña de LIBRE en 2013, el partido actualmente en el poder.
Después de la revelación, Carlos Zelaya dimitió de sus funciones como legislador y secretario del Congreso Nacional. También renunció su hijo, José Manuel Zelaya, quien estaba a cargo del Ministerio de Defensa. Rafael Sarmiento, el líder del grupo parlamentario oficialista, igualmente dejó su cargo a disposición. No obstante, aparte de estas dimisiones, no se han tomado medidas judiciales específicas.
La Fiscalía ha comunicado que el asunto está “en revisión”, habiéndose solicitado colaboración legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentación relacionada con procesos judiciales anteriores. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre los resultados de estas gestiones, ni se ha divulgado un plan de investigación al público.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La divulgación del video generó una ola de reacciones desde distintos sectores. La presidenta Xiomara Castro condenó cualquier vínculo entre actores políticos y estructuras criminales, pero enmarcó la filtración como un intento de desestabilizar su gobierno con miras a las elecciones de 2025.
No obstante, para organizaciones anticorrupción y sectores opositores, el escándalo ha puesto en entredicho la integridad del proyecto político de LIBRE. Varios actores han exigido incluso la renuncia de la mandataria, argumentando que el caso contradice su discurso de ruptura con el pasado y de lucha contra el narcoestado.
Estas posiciones muestran un incremento de la tensión en el entorno político nacional, donde las demandas para aclarar responsabilidades se enfrentan a una respuesta institucional vista como deficiente. La carencia de medidas concretas del Ministerio Público ha reforzado la percepción de impunidad en casos relacionados con individuos próximos al poder.
Erosión institucional en un contexto de polarización electoral
El «narcovideo» no ha sido un evento aislado. Se añade a una cadena de escándalos recientes que han minado la confianza del público en los compromisos de cambio anunciados por el gobierno de Castro. La ausencia de medidas judiciales ha intensificado la percepción de que el sistema estatal no opera con la misma firmeza cuando los involucrados son parte del partido gobernante.
Con las elecciones generales programadas para noviembre de 2025, este caso adquiere relevancia estratégica. La oposición ha comenzado a capitalizar el desgaste del gobierno, mientras el oficialismo busca minimizar el impacto del escándalo en su narrativa pública. En este escenario, la demanda social por transparencia y justicia se mantiene como un eje de presión constante.
Un caso que marca el pulso de la institucionalidad hondureña
A casi un año de su divulgación, el narcovideo permanece sin consecuencias jurídicas visibles, mientras se acumulan cuestionamientos al rol de la Fiscalía y al compromiso del gobierno con la transparencia. La prolongada falta de acción contribuye a deteriorar aún más la legitimidad de las instituciones, en un país marcado por el historial de impunidad y la persistente influencia del crimen organizado en la política.
El tratamiento de este asunto constituye no solo un desafío urgente para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una evaluación crucial para la estabilidad del Estado de derecho en Honduras. La forma en que se aborde o se evite influirá en el rumbo de la confianza institucional frente a un proceso electoral sumamente dividido.