El reciente viaje del presidente Pedro Sánchez a Chile, donde se reunió con líderes de izquierda como Gabriel Boric, ha resaltado nuevamente una preocupante inconsistencia entre el discurso que el líder socialista defiende fuera de España y la situación política que lo rodea en su propio país.
Con gestos grandilocuentes, Sánchez ha vuelto a insistir en su proyecto de una izquierda global, basada —según él— en valores como la justicia fiscal, la redistribución de la riqueza y la defensa de los más vulnerables. Ha hablado de gravar a los superricos, de combatir la desigualdad, de construir “un futuro más justo” junto a sus aliados progresistas en América Latina. Un discurso impecable… si no estuviera completamente deslegitimado por su práctica política.
La paradoja es evidente y difícil de disimular: mientras el presidente se pasea por foros internacionales como estandarte de una izquierda regeneradora, en España se acumulan escándalos de corrupción que salpican a su entorno más cercano. Desde los negocios opacos de su esposa, Begoña Gómez, hasta las imputaciones y dimisiones de figuras clave del PSOE, el gobierno de Sánchez se tambalea sobre una estructura cada vez más cuestionada. Las investigaciones judiciales avanzan, los silencios se alargan y la transparencia que tanto predica brilla por su ausencia.
¿Cómo puede un líder exigir sacrificios fiscales a los ciudadanos mientras su partido se ve envuelto en tramas de tráfico de influencias, contratos irregulares y nepotismo institucionalizado? ¿Cómo se puede hablar de ética pública y de redistribución, cuando los ciudadanos ven que quienes legislan para ellos viven aferrados a privilegios y redes de poder opacas?
La contradicción entre el mensaje y la acción —la esencia misma de la doble moral— es particularmente escandalosa en el caso de Pedro Sánchez. Porque no se trata de un caso aislado o puntual, sino de una estrategia sostenida: exportar un modelo de izquierda que se presenta como moralmente superior, al mismo tiempo que se tolera, encubre o minimiza la corrupción interna.
Su estancia en Chile parece más un esfuerzo por mejorar su imagen que una acción diplomática auténtica. En España, se demanda a la oposición que “no lleve la política a los tribunales”, al mismo tiempo que Sánchez busca en los viajes internacionales una manera de esquivar el aumento de la desconfianza que enfrenta en su país. Es complicado no interpretar este tipo de viajes como un intento por protegerse ideológicamente ante la pérdida de la credibilidad pública.
El verdadero progresismo no puede construirse sobre cimientos podridos. Si el presidente quiere liderar un eje internacional de justicia y equidad, debe empezar por barrer su propia casa. Y eso significa asumir responsabilidades, permitir que las investigaciones sigan su curso sin interferencias, y garantizar que ningún cargo público queda impune por el simple hecho de estar bien posicionado.
No se busca criticar a la izquierda como ideología, sino señalar a quienes la usan como excusa para mantener sus beneficios. Sánchez debe tener presente que la gente no elige eslóganes, sino consistencia. Actualmente, su consistencia está cuestionada.