El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) atraviesa una de sus crisis internas más delicadas tras la gestión del llamado “caso Salazar”, el escándalo de presunto acoso sexual y abuso de poder que salpica al exasesor de La Moncloa Paco Salazar y a su mano derecha, Antonio Hernández, ambos hasta hace pocos días situados en el entorno de máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien está rodeado de numerosos casos de corrupción en estos momentos.
Quién es Paco Salazar y cuáles son sus logros y contribuciones
Francisco José “Paco” Salazar, destacado militante del PSOE en Sevilla, desempeñó el cargo de alcalde de Montellano y más tarde fue diputado en el Congreso, además de asumir roles estratégicos junto a Pedro Sánchez tanto en Ferraz como en el Palacio de La Moncloa.
En los últimos meses, varias militantes y trabajadoras socialistas que estuvieron bajo sus órdenes han denunciado internamente comportamientos que califican de acoso sexual y abuso de poder: comentarios de contenido sexual, invitaciones insistentes a encuentros privados fuera del horario laboral y ofrecimientos de alojamiento en su domicilio, siempre en un contexto de relación jerárquica.
A raíz de estas acusaciones, Salazar fue removido de sus funciones en el partido y dejó de ser parte de la Ejecutiva federal, además de perder su posición de influencia en La Moncloa. Los acontecimientos están siendo investigados dentro del marco de los protocolos internos contra el acoso del PSOE y podrían resultar en acciones legales si las denunciantes así lo determinan, pero por ahora, hay silencio.
El papel desempeñado por Antonio Hernández, el asistente despedido
Antonio Hernández, quien ha sido el director del Departamento de Coordinación Política en La Moncloa y una figura esencial en el engranaje político del Gobierno, se consideraba la mano derecha de Salazar y su principal respaldo en el día a día.
Las mujeres que denunciaron a Salazar señalaron también a Hernández como presunto “cómplice” y “encubridor” de los abusos, al entender que conocía las circunstancias y no actuó para proteger a las víctimas, extremo que él niega.
En pleno escándalo, el presidente Pedro Sánchez decidió promover su cese tanto en La Moncloa como en la estructura orgánica del PSOE andaluz, decisión que el Consejo de Ministros ha formalizado estos días, en lo que se ha interpretado como un intento de “cauterizar” la crisis y cortar cualquier apariencia de connivencia con las conductas atribuidas a Salazar.
Críticas a la gestión interna del PSOE y reacción tardía
Diversas informaciones de prensa señalan que el PSOE tardó más de cuatro meses en contactar formalmente con las víctimas tras conocerse las primeras denuncias, lo que ha generado una fuerte contestación interna y un severo desgaste en la imagen del partido. El propio funcionamiento del comité antiacoso ha sido cuestionado por su lentitud, falta de coordinación y escasa comunicación con la dirección federal, en un partido que se jacta de su orientación feminista.
Al mismo tiempo, desde el propio socialismo se alzan voces críticas que exigen una reforma exhaustiva de los protocolos internos y de la cultura organizativa, con el objetivo de evitar lo que describen como “entornos que protegen a los presuntos agresores” y situaciones de desprotección para las mujeres que denuncian.
La posición del Gobierno de Pedro Sánchez
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha insistido en que el Ejecutivo ha actuado con “rapidez y contundencia” una vez tuvo conocimiento formal de las acusaciones, destacando el cese de Salazar, su salida de la Ejecutiva del PSOE y, ahora, la destitución de Antonio Hernández.
Alegría ha admitido públicamente que su reciente encuentro con Salazar —realizado cuando las acusaciones ya eran de conocimiento público— fue un “error”, destacando que el foco del debate deben ser las víctimas y no el impacto político para el partido.
Paralelamente, diversas informaciones señalan un posible frente judicial para el PSOE como entidad jurídica, ante la hipótesis de que la Justicia pudiera evaluar si existieron responsabilidades organizativas en el manejo de las denuncias. Fuentes fiscales mencionadas por algunos medios indican la posibilidad de que el partido sea investigado por un supuesto delito de acoso sexual como organización, un aspecto que, en este instante, no es más que una posibilidad jurídica bajo consideración y que no implica ninguna imputación efectiva.
Reacción de la oposición y deterioro político
El Partido Popular ha comunicado que empleará su mayoría en el Senado para convocar a Paco Salazar a declarar en el contexto de la comisión del denominado “caso Koldo”, aprovechando la notoriedad pública que ha alcanzado el exasesor. Desde el PP se le acusa a Sánchez de ser el presidente “más perjudicial para las mujeres”, vinculando el caso Salazar con otros episodios controvertidos en temas de igualdad y protección de las víctimas.
La totalidad de la oposición ha centrado su atención en la serie de designaciones, destituciones y reubicaciones en el círculo de Salazar, además del hecho de que dos de sus colaboradoras más cercanas habrían sido trasladadas a empresas públicas en los años recientes, lo cual fortalece la narrativa de una red de confianza alrededor del exasesor dentro del aparato estatal.
Un caso abierto que pone a prueba los protocolos y la credibilidad del partido
El caso de Salazar, junto con el de Antonio Hernández, ha generado un significativo agujero político y moral en el PSOE liderado por Pedro Sánchez, en un entorno caracterizado por la demanda social de tolerancia cero ante el acoso sexual y los abusos de poder en los ámbitos laboral y político.
Mientras se finalizan los expedientes internos y se consideran las posibles acciones legales, el partido enfrenta un doble desafío: por un lado, debe demostrar que sus protocolos contra el acoso son efectivos y priorizan a las víctimas; por otro, necesita reconstruir la confianza tanto de su electorado como de la opinión pública, que observa con inquietud la serie de filtraciones, rectificaciones y destituciones que rodean al caso.
En todo caso, tanto Paco Salazar como Antonio Hernández mantienen, a día de hoy, su derecho a la presunción de inocencia ante la Justicia, a la espera de la aclaración completa de los hechos y de la eventual apertura de procedimientos penales. Los próximos pasos del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez serán determinantes para medir el alcance político, institucional y judicial de este escándalo. Pero de momento, a pesar del deber legal, no ha trascendido que se presente alguna denuncia ante las autoridades por parte del PSOE, como ya viene ocurriendo con otros casos de corrupción que rodean al partido.