En menos de cinco meses para las elecciones generales en Honduras, el rol de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral continúa siendo un tema de discusión. Su función constitucional de asegurar la protección, resguardo y transporte del material electoral, además de la seguridad de los centros de votación, se enfrenta a un aumento de críticas, impulsadas por fallos recientes y un ambiente de desconfianza hacia las instituciones.
Pronunciamientos formales y compromisos institucionales
Altos mandos del Ejército han reafirmado públicamente su adhesión a los principios constitucionales de neutralidad y apoyo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, en representación de la cúpula militar, reiteró el compromiso de las FF. AA. de garantizar un proceso electoral “limpio, transparente y seguro”, enfatizando el carácter apolítico y no deliberante de la institución castrense.
Desde la Secretaría de Defensa también se ha insistido en que el Ejército actuará bajo las órdenes del Consejo Nacional Electoral (CNE), tal como establece la Constitución. En ese sentido, durante el periodo electoral, las FF. AA. deben separarse operativamente del Poder Ejecutivo para concentrarse exclusivamente en su misión de resguardo del proceso.
Opiniones negativas debido a errores en logística y eventos pasados
A pesar de los comunicados oficiales, diversos sectores han cuestionado la habilidad de las Fuerzas Armadas para asegurar un proceso electoral sin problemas. Durante las elecciones primarias de marzo de 2025, se informó de demoras de hasta cinco horas en la distribución del material electoral en ciudades importantes como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Los problemas logísticos fueron responsabilizados tanto al liderazgo militar como a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, lo cual provocó una serie de críticas por parte de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
Estos sucesos reabrieron la discusión sobre la capacidad del Ejército para manejar responsabilidades en actividades electorales y renovaron las críticas sobre su autonomía. Expertos alertan que, si no se solucionan los errores mostrados en las elecciones primarias, podrían surgir inconvenientes similares el 30 de noviembre, poniendo en riesgo la confianza del público en las organizaciones responsables del proceso democrático.
Conflictos institucionales y peligro de politización
La controversia también ha afectado al discurso gubernamental. Especialistas indican que grupos cercanos al gobierno han procurado restar importancia a la responsabilidad de las FF. AA. en los fallos logísticos de marzo, impulsando una narrativa dirigida a mantener la reputación de la institución militar. Esta posición ha coincidido con un aumento de la desconfianza hacia el CNE, cuyas habilidades técnicas y liderazgo han sido criticados por su gestión del cronograma electoral y su vínculo con el Ejecutivo.
En este contexto, el rol de las FF. AA. se vuelve aún más delicado. Si bien su mandato constitucional les impide deliberar o intervenir en asuntos políticos, la percepción pública sobre su imparcialidad se ve afectada por la politización del debate electoral. La presión aumenta a medida que se aproxima la fecha de los comicios, en medio de un clima de polarización y cuestionamientos a la institucionalidad democrática.
Un reto para la validez de las elecciones
La participación de las Fuerzas Armadas en los comicios de noviembre representa un punto crítico para la legitimidad del proceso electoral hondureño. Aunque la Constitución les asigna un rol operativo claro y delimitado, los antecedentes de fallas logísticas y la crisis de confianza en el sistema electoral colocan a la institución militar en una posición compleja.
En una nación con elevada polarización política e institucionalidad democrática débil, el papel de las FF. AA. en las elecciones podría impactar de manera significativa en la percepción de legitimidad del resultado electoral. La claridad en las acciones y el cumplimiento riguroso del mandato constitucional serán fundamentales para prevenir conflictos mayores y mantener la estabilidad democrática en un año electoral crítico.