.jpg "El caso Koriun")
La situación relacionada con el caso Koriun Inversiones ha despertado una preocupación creciente en Honduras, debido a la aparente inacción del Gobierno y del Ministerio Público. Más de medio año después del escándalo financiero que involucra a esta empresa no regulada, miles de perjudicados siguen sin obtener respuestas claras ni progresos judiciales relevantes. La falta de medidas fiscales firmes y la ausencia de detenciones significativas han aumentado las sospechas sobre posibles protecciones institucionales hacia los culpables, generando un ambiente de desconfianza y críticas públicas.
Simultáneamente, la acción del Gobierno de emplear dinero estatal para compensar a los afectados por este fraude ha generado una discusión tanto jurídica como ética sobre la validez de dicha acción. Abogados y grupos empresariales han señalado que esto podría representar un empleo inadecuado de fondos gubernamentales, presentando un riesgo de consecuencias legales para los responsables. Esta situación ha amplificado la exigencia de la población por claridad, equidad y apego a la ley, en un asunto que resalta los conflictos entre la protección de los recursos del estado y la reparación de los perjuicios ocasionados por acciones individuales.
Falta de acción por parte de las instituciones y dudas sobre el tratamiento del caso Koriun
El Ministerio Público ha sido acusado de una posible demora intencionada en el avance del caso Koriun, a pesar de tener denuncias oficiales, declaraciones y evidencias escritas que señalan irregularidades serias en las actividades de esta financiera no autorizada. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) admitió haber recibido al menos dos denuncias anteriores a la caída de Koriun, pero no implementó acciones adecuadas para evitar el perjuicio a miles de ciudadanos hondureños que depositaron sus ahorros en esta organización. Esta aparente inacción ha creado una percepción de encubrimiento parcial, especialmente ante señales de conexiones entre los promotores de Koriun y figuras políticas destacadas.
Las personas afectadas y grupos sociales han manifestado su descontento y exigido una actuación imparcial, insistiendo en que se juzgue a los culpables sin importar sus lazos con políticos o empresas. La eventualidad de que el gobierno considere la compensación con fondos del erario ha aumentado las dudas sobre un posible acuerdo para eludir responsabilidades, lo que ha impulsado movilizaciones en plataformas digitales y protestas ante edificios gubernamentales. La población reclama que la Fiscalía abandone su inacción, impute cargos oficialmente y asegure una investigación justa y clara, con la intervención de entes internacionales si fuera necesario.
Discusión jurídica y ética sobre la utilización de recursos públicos para solucionar un fraude privado
La intención del Gobierno hondureño de utilizar fondos públicos para compensar las pérdidas causadas por Koriun ha suscitado un gran rechazo en distintos ámbitos jurídicos, económicos y empresariales. Esta propuesta, que está siendo evaluada por el Ejecutivo, ha recibido críticas debido a la falta de responsabilidad patrimonial del Estado, dado que Koriun no estaba integrado en el sistema financiero regulado ni bajo la supervisión de la CNBS. La Constitución y la Ley de Administración Financiera del Estado establecen claramente restricciones en cuanto al uso de recursos del Estado, prohibiendo su utilización para saldar deudas generadas por actividades privadas fuera del marco legal.
Expertos en derecho constitucional alertan que permitir tal gasto podría constituir un delito de abuso de poder y desvío de fondos, con repercusiones legales para los oficiales involucrados. Asimismo, se destaca que esta acción podría crear un precedente riesgoso, al permitir la impunidad y facilitar que futuros engaños financieros presionen al Estado para absorber sus pérdidas, comprometiendo la estabilidad fiscal y la confianza del público. La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) y grupos empresariales han expresado su inquietud, advirtiendo que sería injusto que el contribuyente cumplidor cargue con el peso de un fraude cometido por actores externos al sistema oficial.
Organizaciones de la sociedad civil han solicitado que cualquier intento de utilizar fondos públicos sea investigado por el Tribunal Superior de Cuentas y la Fiscalía, y que se garantice la transparencia en las decisiones del Ejecutivo. El consenso entre expertos y sectores sociales apunta a que la responsabilidad debe recaer exclusivamente en los culpables, sin comprometer el patrimonio público ni la confianza en las instituciones.