En un contexto de creciente tensión política, la aparición y accionar de colectivos armados vinculados a sectores oficialistas ha encendido las alarmas sobre el deterioro del Estado de derecho en Honduras. A medida que estos grupos operan con aparente impunidad, la ausencia de una respuesta institucional clara ha dado pie a denuncias por parte de juristas y actores políticos que advierten sobre una posible configuración de “terrorismo de Estado”.
Prohibición constitucional y vacío de autoridad
La Constitución de Honduras junto con la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas determinan de manera clara que únicamente el Ejército está autorizado a estructurarse como una fuerza armada legítima. El artículo 272 de la Constitución prohíbe de manera explícita cualquier forma de milicia popular o grupo armado paralelo, al considerarlos una amenaza directa para el orden y la soberanía del país.
A pesar de este contexto jurídico, grupos alineados con el partido gobernante han aumentado su actividad en diversas áreas del país. De acuerdo con acusaciones divulgadas, dichos colectivos han lanzado amenazas y cometido actos coercitivos sin que las autoridades correspondientes hayan actuado de forma decisiva. Este suceso ha sido visto por diversas partes como un reto a las instituciones y una inquietante muestra de tolerancia estatal hacia estructuras ilícitas.
Acusaciones de laxitud y manipulación social
Diversos juristas y voces de oposición política han advertido que la inacción gubernamental ante estos colectivos puede constituir una forma encubierta de represión política. A su juicio, permitir o tolerar la actuación de grupos armados no reconocidos por la ley especialmente cuando actúan como agentes de intimidación o disuasión contra voces disidentes se aproxima peligrosamente a lo que el derecho internacional reconoce como “terrorismo de Estado”.
Este término describe el uso sistemático de la violencia o intimidación por parte del Estado o bajo su amparo con el fin de controlar a la población civil, reprimir la disidencia y asegurar el poder político. En ese sentido, la omisión estatal frente a amenazas armadas por parte de actores no estatales pero vinculados al oficialismo podría tener implicaciones profundas para la legitimidad democrática del gobierno.
Entorno electoral y amenazas para la democracia
La discusión sobre estos grupos surge en un período especialmente sensible: la nación avanza hacia una nueva elección en un contexto de creciente división y falta de confianza en las instituciones. La existencia de fuerzas armadas al margen de la ley introduce un elemento de incertidumbre y miedo, afectando no solo a los electores, sino también a los actores políticos y sociales, quienes podrían ver restringida su participación debido a condiciones inseguras.
Organizaciones dedicadas a los derechos humanos han expresado su inquietud por lo que perciben como una creciente disminución de las garantías esenciales. Además, existe el peligro de que el uso de grupos armados como fuerza de choque pueda alterar el balance político y afectar la libertad de expresión del voto y la participación de la ciudadanía.
Un llamado a la obligación institucional
La expansión de colectivos armados sin control legal, sumada al silencio de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y el cumplimiento del marco constitucional, plantea serios cuestionamientos sobre el rumbo institucional del país. A medida que se intensifican las tensiones políticas y sociales, la falta de una postura firme por parte del Estado podría profundizar la percepción de impunidad y alimentar una espiral de desconfianza que socave aún más la estabilidad democrática.
Honduras enfrenta el reto de reafirmar su compromiso con el Estado de derecho y la legalidad, en un momento en que la ciudadanía exige transparencia, justicia y garantías efectivas para la participación política sin temor ni coerción. El desenlace de este conflicto marcará el tono de la coyuntura nacional en los próximos meses y pondrá a prueba la solidez de las instituciones democráticas del país.