_-_copia.jpg "Reforma fiscal en Honduras")
La reciente afirmación del líder del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, ha creado un clima de alerta en la nación. Redondo señaló que la Ley de Justicia Tributaria, promovida por el gobierno de Xiomara Castro, podría ser ratificada en cualquier instante, incluso durante sesiones fuera del horario regular, lo que ha causado preocupación en varios sectores. Esta eventualidad ha sido vista como un esfuerzo por avanzar con la reforma sin el necesario debate ni el consenso, intensificando la ansiedad entre la oposición política, los grupos empresariales y las organizaciones de la sociedad civil.
La respuesta fue inmediata. Empresarios, legisladores de oposición y miembros de la sociedad civil han expresado su inquietud acerca de lo que perciben como una táctica para implementar una reforma tributaria de significativo alcance nacional sin consenso ni claridad. La preocupación sobre la eventual aprobación de la legislación en momentos inusuales ha sido interpretada como un intento de esquivar la movilización del público y la crítica de los medios, incrementando así la tensión en el contexto político y social en Honduras.
Inquietudes respecto al trámite legislativo
La noticia de que la Ley de Justicia Tributaria podría aprobarse en una sesión legislativa intempestiva ha sido vista por grupos opositores y sectores productivos como una muestra de falta de participación y debate democrático. Estas agrupaciones han alegado que los oficialistas intentan eludir el debate público y el consenso, lo cual consideran dañino para la democracia y la transparencia. La eventual aprobación de la ley sin un proceso apropiado ha sido señalada como un peligro para la economía y los derechos de los ciudadanos, lo que ha provocado un llamado a la vigilancia y a la movilización social.
Los contrarios en el Congreso junto a representantes del sector privado han manifestado que una reforma tan significativa no debería ser aprobada sin un estudio detallado y sin la participación de todos los actores comprometidos. Piensan que la ausencia de discusión podría acarrear efectos negativos para la nación, particularmente si se emplean métodos legislativos inusuales para eludir el examen público.
Efectos financieros y comunitarios de la modificación
La Ley de Equidad Fiscal ha recibido comentarios negativos de varios grupos, quienes alertan sobre sus posibles consecuencias indeseadas. Una de las inquietudes más destacadas es la supresión de exenciones consideradas cruciales para fomentar la inversión, lo que, según los detractores, impactaría a empresas eficientes y al sector agrícola. Asimismo, se menciona que la modificación podría poner en peligro numerosos empleos, aumentar el costo de vida y ocasionar el cierre de empresas.
En este contexto, las entidades del sector empresarial y de la sociedad civil han instado a los ciudadanos a estar vigilantes y activos, con la intención de evitar que la normativa sea aprobada sin pasar por un procedimiento democrático adecuado. La inquietud principal es que una reforma con gran repercusión nacional no debería ser una «decisión repentina», sino un proceso claro e inclusivo, donde se consideren todas las opiniones y se analicen detalladamente las posibles repercusiones para la economía y la sociedad de Honduras.