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En Honduras, el estado de excepción ha generado mucha polémica en los meses recientes. La legisladora Maribel Espinoza, quien pertenece a la oposición, ha manifestado su preocupación por la dirección que ha adoptado la ejecución de esta norma, que en un inicio se planteó para luchar contra el crimen. Según sus palabras, el régimen se está usando de tal manera que cuestiona las garantías constitucionales y podría actuar como herramienta de persecución contra grupos críticos del gobierno.
Espinoza reportó que algunas acciones realizadas bajo el estado de excepción están afectando los derechos de las personas. Como ilustración, mencionó la entrada a la casa del general retirado Romeo Vásquez Velásquez sin una orden judicial, un evento que, según destacó, muestra el uso arbitrario del poder y la ausencia de controles institucionales. Para la legisladora, estas acciones podrían llegar a ser una peligrosa aceptación de prácticas autoritarias si no se establecen claramente los límites del decreto actual.
Críticas al Ministerio Público y riesgos jurídicos
La legisladora igualmente puso en duda las acciones del Ministerio Público, al pensar que no está asegurando la equidad ni el respeto al debido proceso en la implementación de las medidas extraordinarias. Según su opinión, esto crea un clima de incertidumbre legal que perjudica no solo a personas de relevancia pública, sino a cualquier individuo que pueda enfrentar decisiones caprichosas.
En este contexto, Espinoza pidió al Congreso Nacional que examinara cuidadosamente si es conveniente continuar con el estado de excepción, usando como único criterio las responsabilidades para las cuales fueron elegidos por el voto popular, no sus orientaciones políticas. Señaló que extender esta medida podría responder a objetivos políticos que pretenden fortalecer el control del gobierno a través de la restricción de libertades civiles. Además, destacó que la seguridad pública no debe servir de pretexto para erosionar el Estado de derecho ni para limitar la participación democrática.
Respuestas en el Congreso Nacional y discusión sobre la continuidad
Las observaciones de Espinoza se unen a las opiniones de distintos grupos que piden más claridad en la implementación de esta política. A pesar de que se ideó como una solución frente a la violencia, hay una percepción creciente de que se emplea para acallar las voces críticas. La discusión sobre su permanencia continúa en el Congreso y entre los ciudadanos, quienes solicitan un balance entre la seguridad y el respeto por los derechos básicos.