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A menos de dos meses de las elecciones generales programadas para noviembre de 2025, especialistas en procesos electorales han emitido advertencias sobre posibles maniobras desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), que podrían favorecer a la candidata oficialista Rixi Moncada. Según los analistas, integrantes del partido oficialista LIBRE, en conjunto con funcionarios del CNE, tendrían la capacidad de intervenir sistemas críticos como el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), alterando el resultado del sufragio.
Redes de influencia en el proceso electoral
El riesgo de manipulación no se limita al CNE. Diversos expertos señalan la participación de empresas tecnológicas vinculadas a la implementación de sistemas electorales, así como la posible implicación de ciertos grupos económicos, en una estructura orientada a garantizar resultados predeterminados. A este panorama se suma la exclusión sistemática de partidos emergentes y la judicialización de candidatos disidentes, estrategias que podrían limitar la competencia efectiva y centralizar el control sobre el electorado.
Los sucesos observados en las elecciones primarias de marzo, donde la entrega de materiales electorales fue realizada por empleados asociados a LIBRE, expusieron dificultades logísticas y demoras considerables. Estos errores provocaron desconfianza entre los ciudadanos y aumentaron la inquietud respecto a la claridad de los futuros procesos electorales.
Consecuencias para la validez organizacional
Los expertos advierten que la narrativa sobre fraude electoral puede ser utilizada como un recurso político para desacreditar resultados adversos o justificar movilizaciones callejeras, lo que incrementaría la polarización social y política antes de los comicios. La vigilancia ciudadana y la exigencia de reformas al sistema electoral se presentan como medidas fundamentales para evitar que el país repita ciclos de controversia y conflictos institucionales.
El rol del CNE en la gestión de sistemas esenciales como el TREP, además de la participación de actores políticos y económicos, crea una situación donde la percepción de claridad será crucial para la confianza en las instituciones democráticas. La confianza en el proceso electoral, según los expertos, depende significativamente de que los mecanismos de control y auditoría operen de manera autónoma y comprobable.
Supervisión y acción comunitaria
En vista de estas circunstancias, tanto la ciudadanía como las agrupaciones políticas poseen una función esencial al vigilar el respeto de las leyes y la honradez del proceso. Establecer sistemas de observación y prestar atención a las acciones legales vinculadas a candidaturas opositoras son acciones fundamentales para asegurar comicios libres y equitativos.
El panorama político hondureño muestra tensiones marcadas por la interacción entre actores del poder, partidos emergentes y estructuras electorales. La capacidad del país para mantener la estabilidad democrática dependerá de la efectividad de los controles institucionales y de la participación activa de la ciudadanía en la supervisión del proceso electoral.