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En los últimos tiempos, el escenario político en Honduras ha estado influenciado por la activación ciudadana en apoyo a la diversidad democrática y la participación política inclusiva. En la capital, un variado grupo compuesto por integrantes de organizaciones civiles, estudiantes universitarios, dirigentes de comunidades y ciudadanos autónomos se reunió frente a la sede legislativa para llevar a cabo una vigilia tranquila. El propósito central de esta protesta fue demandar protección absoluta y consideración para los partidos políticos de menor tamaño en el marco del proceso electoral que finalizará con las elecciones generales programadas para noviembre de 2025. La vigilia, señalada por la utilización de velas y carteles, funcionó como una reacción simbólica frente a lo que los asistentes interpretan como un riesgo al sistema de múltiples partidos, en un contexto de acusaciones de presiones, bloqueos administrativos y marginalización en medios hacia los partidos nuevos.
La manifestación sirvió como un espacio para denunciar acciones que, según los protestantes, obstaculizan la participación equitativa en la discusión pública, imponen limitaciones inmerecidas para el registro de partidos y perpetúan discursos oficiales que desautorizan a los partidos no tradicionales. Asimismo, mencionaron el uso de recursos del estado en favor de partidos gubernamentales. Durante el evento, se presentó una carta abierta al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), demandando condiciones justas, acceso transparente a medios de comunicación públicos y protección contra el acoso político hacia candidatos independientes o de minorías.
Marco del proceso electoral y quejas por exclusión
El proceso electoral en Honduras para 2025 se lleva a cabo en medio de una notable tensión y polarización. Las elecciones primarias, que tuvieron lugar el 9 de marzo, incluyeron a los tres principales partidos: Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal. Estos comicios se vieron afectados por demoras sustanciales en la distribución de los materiales electorales, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que causó malestar y acusaciones de irregularidades por parte de votantes y dirigentes políticos. El CNE admitió haber enfrentado problemas logísticos, mientras que facciones de la oposición señalaron a las Fuerzas Armadas y a la ministra de Defensa, quien también es precandidata presidencial, por presunta manipulación de los eventos.
En este contexto, los partidos emergentes han denunciado propuestas legislativas que buscan adelantar la fecha límite para la presentación de planillas, lo que consideran una medida que restringe sus posibilidades de participación y consolida la exclusión política. Estas acciones se suman a reclamos por el uso desigual de recursos públicos y la falta de acceso equitativo a los medios de comunicación estatales. La preocupación de la sociedad civil y de los partidos minoritarios se centra en la necesidad de preservar la pluralidad política y evitar que las prácticas restrictivas se consoliden de cara a las elecciones generales de noviembre de 2025.
Respuestas de las instituciones y solicitudes de la población
La manifestación ante el Congreso Nacional destacó la participación activa de la ciudadanía en el proceso democrático. Los participantes entregaron oficialmente sus peticiones a las autoridades electorales, demandando igualdad de condiciones para todos los partidos registrados y asegurando la transparencia en la asignación de espacios en los medios públicos. También solicitaron una protección adecuada contra el acoso político, especialmente hacia candidatos independientes o de partidos minoritarios.
El ciclo parlamentario 2022-2026 del Congreso Nacional, comenzado después de las votaciones de 2021, ha sido caracterizado por la división y momentos de crisis interna, como el conflicto en la selección de la junta directiva y la división entre bancadas. Este entorno ha aumentado la impresión de que hay prácticas que benefician a los partidos convencionales y complican la participación de nuevas entidades políticas. La sociedad civil ha reafirmado su compromiso de supervisar y proteger los espacios de libertad y participación política, destacando que la diversidad es un componente esencial para la democracia en Honduras.