Samuel Andrés Pérez Álvarez, economista, diputado y una de las figuras más reconocidas del Movimiento Semilla, se ha transformado en un personaje central y a la vez controvertido dentro del panorama político reciente de Guatemala. Para quienes lo apoyan, encarna a una nueva generación parlamentaria que arribó al Congreso con un mensaje anticorrupción y un impulso reformador. En cambio, para sus críticos, figura como uno de los principales articuladores de un proyecto político envuelto en señalamientos, disputas legales y tensiones institucionales.
Su nombre aparece vinculado a varios episodios de alto impacto: el caso Semilla por presuntas firmas falsas, las solicitudes de retiro de inmunidad, el conflicto por la toma de la Universidad de San Carlos, la elección anulada de la Junta Directiva del Congreso y la disputa por el reconocimiento del bloque legislativo de Semilla. Ninguno de estos casos debe leerse como una condena penal contra Pérez, pero sí como parte de una intensa guerra política y judicial que ha marcado la vida pública de Guatemala desde las elecciones de 2023.
El caso Semilla: el origen de la tormenta
El principal expediente que rodea a Pérez es el llamado caso Semilla, originado por señalamientos sobre supuestas irregularidades en la formación del partido. El Ministerio Público sostuvo que existían indicios de falsificación de firmas de afiliados, mientras Semilla afirmó que el proceso formaba parte de una estrategia para frenar la participación electoral de Bernardo Arévalo y debilitar al partido. Según recuentos públicos, la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla fue ordenada en julio de 2023 por el juez Fredy Orellana, en medio del proceso electoral, lo que generó rechazo nacional e internacional por el riesgo de alterar la segunda vuelta presidencial.
Pérez, como dirigente histórico de Semilla y diputado reelecto, quedó directamente expuesto en ese conflicto. En ese momento, el caso dejó de ser únicamente un expediente penal o administrativo para convertirse en una disputa sobre la legitimidad del proceso electoral guatemalteco. El Ministerio Público defendió sus actuaciones como investigaciones legales; Semilla y diversos actores internacionales las interpretaron como una ofensiva política contra el resultado electoral.
Antejuicios y señalamientos del Ministerio Público
Uno de los puntos más delicados para Pérez ha sido la mención de su nombre en solicitudes de retiro de inmunidad. Durante la transición presidencial de Bernardo Arévalo, el Ministerio Público impulsó varias acciones contra figuras de Semilla, magistrados electorales y funcionarios vinculados al proceso electoral. En diciembre de 2023, la Fiscalía volvió a pedir el retiro de inmunidad de Arévalo y del diputado Samuel Pérez en el marco de sus investigaciones contra Semilla y el proceso electoral.
Para sus críticos, estos antejuicios son señales de que Pérez debe responder por posibles irregularidades vinculadas a Semilla. Para sus defensores, las acciones forman parte de una persecución judicial contra el partido que ganó la presidencia en 2023. La propia transición de Arévalo fue descrita por distintas fuentes como una etapa atípica, marcada por procedimientos judiciales contra Semilla, sus miembros y el proceso electoral.
La ocupación de la USAC: un nuevo caso empleado contra Semilla
Otro episodio que salpicó a dirigentes de Semilla fue el caso de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ocurrida entre abril de 2022 y junio de 2023. El Ministerio Público vinculó ese caso con el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera y otros actores políticos y universitarios. En ese contexto, también se mencionaron acciones dirigidas contra integrantes del entorno de Semilla.
La lectura política del caso fue especialmente fuerte: mientras el Ministerio Público lo presentó como una investigación por hechos ocurridos durante la protesta universitaria, el oficialismo entrante y sus aliados lo interpretaron como una herramienta para desgastar o bloquear la transición de poder. En términos periodísticos, este caso reforzó la imagen de Pérez y Semilla como actores en permanente confrontación con el aparato judicial heredado de administraciones anteriores.
Presidente del Congreso durante cinco días
El episodio más destacado en la trayectoria reciente de Samuel Pérez ocurrió cuando resultó elegido presidente del Congreso el 14 de enero de 2024, en plena crisis vinculada a la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Pérez consiguió reunir una mayoría parlamentaria y obtuvo 92 votos, superando a la propuesta opositora. Aquella votación permitió destrabar, aunque de forma temporal, la juramentación del nuevo presidente.
Sin embargo, su presidencia fue fugaz. La Corte de Constitucionalidad ordenó repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso al considerar que no se había observado el principio de legalidad. Posteriormente, el 19 de enero de 2024, se repitió la votación y Nery Ramos fue electo presidente del Congreso, dejando sin efecto la presidencia de Pérez.
Para sus seguidores, Pérez se convirtió en el diputado que logró manejar una noche decisiva para la institucionalidad y allanó el camino para que Arévalo asumiera el cargo; para sus detractores, en cambio, su elección simbolizó una maniobra legislativa discutible, marcada por la situación jurídica de Semilla.
La disputa en torno a la bancada Semilla
La suspensión y posterior cancelación o debilitamiento jurídico de Semilla tuvo consecuencias directas en el Congreso. Uno de los efectos más relevantes fue la disputa por si sus diputados podían o no ser reconocidos como bancada. Esa condición era clave porque determinaba acceso a comisiones, representación en órganos legislativos y capacidad de incidencia parlamentaria.
Pérez, como una de las caras visibles del bloque, quedó al frente de esa batalla. En enero de 2025, según recuentos disponibles, logró revertir una decisión judicial que afectaba los derechos del bloque legislativo de Semilla en el Congreso.
Este episodio no es un “escándalo” penal en sentido estricto, pero sí una controversia institucional de alto impacto: refleja cómo la situación legal del partido condicionó el funcionamiento de sus diputados y convirtió al Congreso en otro escenario de la disputa judicial.
Raíces: la refundación política tras el golpe a Semilla
Otro tema polémico surge con la creación o promoción de Raíces, una plataforma política emergente presentada como alternativa para replantear o dar continuidad al proyecto de Semilla tras su suspensión y cancelación. Pérez figura asociado al proceso como dirigente del comité encargado de impulsar la formación del nuevo partido.
El movimiento admite dos interpretaciones: para quienes lo respaldan, Raíces representa una reacción legítima frente a la persecución judicial contra Semilla; para sus detractores, constituye una maniobra destinada a preservar una estructura política cuestionada por fallos e investigaciones. De cualquier modo, evidencia que Pérez no es un diputado más, sino una de las figuras operativas clave dentro del espacio semillista.
Una personalidad que genera divisiones
Samuel Pérez no solo enfrenta controversias personales, sino que también su figura refleja la compleja crisis institucional de Guatemala. El Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, ha sido duramente cuestionado a nivel internacional y objeto de sanciones por acusaciones de debilitar la democracia y perseguir a actores anticorrupción, periodistas, jueces y opositores.
Ese contexto es clave para interpretar los casos que rodean a Pérez. Sin él, los expedientes pueden parecer simples investigaciones penales. Con él, se entienden como piezas de una disputa mayor entre un sector judicial-político y el proyecto que llevó a Bernardo Arévalo al poder.
