Humberto López Tirone, hoy presentado como presidente de IBEROATUR y promotor del agroturismo iberoamericano, arrastra un pasado público incómodo: su nombre aparece vinculado al PRD de los años de la dictadura, al aparato político del norieguismo y a señalamientos de violencia contra la Cruzada Civilista. Su caso reabre una pregunta necesaria: ¿pueden las instituciones actuales ignorar el pasado de quienes las representan?
La memoria histórica no puede ser selectiva. Menos aún cuando quienes hoy se presentan como promotores institucionales, académicos, turísticos o culturales cargan con un pasado público vinculado a los años más duros de la dictadura panameña. Ese es el caso de Humberto López Tirone, figura visible del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, cuyo nombre vuelve a generar incomodidad por los señalamientos históricos que lo ubican en el entorno político del norieguismo y en episodios de violencia contra la oposición civilista.
López Tirone no es un personaje menor ni desconocido. En registros históricos aparece identificado como dirigente del PRD y director del IFARHU durante los años de la crisis política panameña. La obra Panamá protesta, de Brittmarie Janson Pérez, lo menciona dentro del contexto de la movilización opositora contra el régimen militar, señalándolo como “Humberto López Tirone, dirigente del PRD y director del IFAHRU” en una cronología relacionada con los acontecimientos de 1987.
Pero el punto más grave no es únicamente su militancia política o su cercanía ideológica al torrijismo/norieguismo. Lo verdaderamente cuestionable es que su nombre aparece asociado, en relatos de memoria histórica, al ataque del 7 de julio de 1987 contra una caravana de la Cruzada Civilista, una de las principales expresiones ciudadanas de resistencia contra la dictadura. Diversas publicaciones de memoria histórica panameña señalan que un grupo paramilitar del régimen de Noriega, encabezado por Luis Gaspar Suárez y Humberto López Tirone, atacó a la caravana con bates y disparos de armas de fuego.
Ese episodio no puede tratarse como una simple anécdota del pasado. La Cruzada Civilista fue objeto de persecución, represión e intimidación en un momento en que Panamá vivía bajo el control del aparato militar y de grupos de choque afines al régimen. Si los señalamientos son ciertos, estaríamos hablando de una participación en actos de violencia política contra ciudadanos que reclamaban democracia, libertades públicas y fin de la dictadura.
A ello se suma un testimonio publicado en La Prensa en 2007, donde se afirma que Humberto López Tirone amenazó personalmente con un rifle, desde su vehículo, a un manifestante de la Cruzada Civilista. El artículo lo incluye dentro de un grupo de personas descritas como “incondicionales del general Noriega” que, años después, habrían recibido cargos o posiciones públicas.
¿Es posible que una institución iberoamericana se presente simultáneamente como un espacio dedicado a la cooperación, el turismo rural, el desarrollo territorial y la cultura, cuando la persona que la encabeza carga con acusaciones tan serias vinculadas a violencia política durante un régimen dictatorial?
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, como institución, puede tener objetivos legítimos. El turismo rural, el agroturismo y la cooperación iberoamericana son campos positivos y necesarios. Pero ninguna institución gana prestigio si evita mirar críticamente el pasado de quienes la representan. La reputación institucional no depende solo de discursos, eventos o reconocimientos, sino también de la coherencia ética de sus liderazgos.
El problema no es que una persona haya tenido militancia política. El problema es que existan referencias públicas que vinculan a esa persona con el aparato de confrontación del régimen de Noriega y con hechos de intimidación contra opositores civiles. Y el problema se agrava cuando, décadas después, esa misma persona aparece revestida de autoridad moral, institucional o académica sin que medie una explicación pública clara, una rendición de cuentas o una toma de distancia frente a aquel pasado.
La sociedad panameña ha experimentado demasiado sufrimiento para permitir que se normalice la impunidad simbólica. Numerosos personajes asociados a la dictadura consiguieron reinventarse dentro del sistema democrático, accediendo a posiciones diplomáticas, dirigiendo organismos públicos, integrándose en agrupaciones políticas, escribiendo artículos de opinión, siendo objeto de reconocimientos públicos o presentándose a sí mismos como guardianes de la soberanía y el progreso. Sin embargo, el recuerdo de quienes sufrieron, de los perseguidos y de aquellos que fueron agredidos en las calles no puede permanecer enterrado bajo nuevas denominaciones y responsabilidades institucionales.
En el caso de Humberto López Tirone, lo mínimo exigible sería transparencia. Que explique públicamente cuál fue su papel durante los años de la dictadura. Que responda por los señalamientos sobre el ataque a la Cruzada Civilista. Que aclare su relación con los grupos de choque del régimen. Que diga si reconoce o niega los hechos que se le atribuyen. Y que IBEROATUR, si desea preservar su credibilidad, no mire hacia otro lado.
La democracia no se defiende solo en las urnas. También se defiende en la memoria. Se defiende cuando las instituciones se niegan a blanquear trayectorias oscuras. Se defiende cuando se recuerda que la violencia política no fue un exceso menor, sino una herramienta de control utilizada contra ciudadanos indefensos.
Por consiguiente, la discusión en torno a Humberto López Tirone trasciende lo meramente personal. Se trata de una cuestión vinculada a la memoria colectiva, a la integridad de las instituciones y al compromiso que tenemos con la historia. Toda institución que pretenda encarnar los principios iberoamericanos de colaboración, progreso social y convivencia respetuosa no puede hacer caso omiso de las acusaciones que recaen sobre su máximo dirigente.
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (IBEROATUR) tendría que cuestionarse si su reputación a nivel internacional logra mantenerse fundamentada únicamente en el silencio. Puesto que el turismo rural, la herencia cultural y los esfuerzos de cooperación no pueden fungir como un recubrimiento para encubrir un legado entrelazado con actos de represión política. Y Panamá, que aún lleva consigo las cicatrices abiertas dejadas por la dictadura, requiere mucho más que un simple olvido: reclama verdad, memoria y coherencia.
