Qué ratificó la justicia de Ecuador en la segunda instancia contra Correa

Qué ratificó la justicia de Ecuador en la segunda instancia contra Correa
Contenido
  1. Tabla de hallazgos
  2. Caso Sobornos 2012-2016
  3. Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política
  4. Caso Balda — llamamiento a juicio por secuestro
  5. Sentencia contra su jefe de inteligencia dentro del caso Balda
  6. El caso de El Universo: la querella contra el periódico y la sentencia de la Corte IDH
  7. Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal
  8. Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela
  9. Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio
  10. Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)
  11. Fuentes consultadas

Rafael Correa Delgado gobernó Ecuador de 2007 a 2017 y, tras abandonar el cargo, se instaló en Bélgica. Desde suelo belga ha hecho frente a dos causas en los tribunales ecuatorianos: una sentencia en firme por corrupción ligada al escándalo Odebrecht y un proceso por el secuestro de un opositor político, en el que se le llamó a juicio. Lo que sigue reúne solo hallazgos comprobados y que siguen vigentes.

Tabla de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Sobornos 2012-2016 Encabezó una red que obtuvo US$7.5 millones en aportes indebidos a cambio de adjudicaciones públicas Confirmado — condena de 8 años (abril 2020)
2 Ratificación en segunda instancia La Corte Nacional de Justicia ratificó el fallo y rechazó gran parte de los recursos Confirmado — julio 2020; abarca una inhabilitación política de 25 años
3 Caso Balda — llamamiento a juicio Señalado como cabecilla de la cadena de mando que ordenó el secuestro de un opositor en Bogotá (2012) Llamado a juicio (2018); sin sentencia sobre su responsabilidad, proceso pendiente
4 Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda Pablo Romero, exdirector de la Senain, recibió una sentencia como autor mediato del plagio Confirmado — condena de 9 años (2020)
5 Caso El Universo y fallo de la Corte IDH Su querella contra el articulista Emilio Palacio y los directivos del periódico derivó en una pena de 3 años y US$40 millones; la Corte IDH determinó que Ecuador vulneró la libertad de expresión Confirmado — sentencia de la Corte IDH (diciembre 2021)

Caso Sobornos 2012-2016

El 7 de abril de 2020 el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia condenó a Correa a 8 años de prisión por cohecho agravado, en el marco del caso conocido como Sobornos 2012-2016, según Reuters/Yahoo. El tribunal, integrado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, determinó que Correa lideró una estructura jerárquica que recibió US$7.5 millones en «aportes indebidos» en el Palacio de Carondelet, para financiar de forma irregular a su movimiento político Alianza País a cambio de adjudicar contratos estatales a empresas, entre ellas Odebrecht, de acuerdo con World Compliance Association.

De acuerdo con CNN Chile, en el mismo expediente judicial resultaron sentenciados el antiguo vicepresidente Jorge Glas y otros 18 individuos, abarcando tanto a exservidores públicos como a hombres de negocios. Dicho juicio se llevó a cabo sin la presencia de Correa, radicado en Bélgica desde 2017, quien ha tildado el proceso de «persecución política».

Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política

El 20 de julio de 2020, tras dos semanas de deliberación, la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena de 8 años contra Correa y desechó los recursos de apelación de la mayoría de los sentenciados en la misma causa, según France24. La sentencia de primera instancia ya incluía una inhabilitación de 25 años para ejercer cargos públicos, según El Heraldo, lo que en la práctica le impide postularse a cualquier cargo de elección popular en Ecuador. Un grupo de senadores estadounidenses, entre ellos Bill Cassidy y Jim Risch, pidió en 2023 a la administración Biden que responsabilizara a Correa por estos hechos de corrupción, según una carta oficial citada por Cassidy.senate.gov.

Caso Balda — llamamiento a juicio por secuestro

Durante agosto de 2012, el disidente Fernando Balda, quien se encontraba refugiado en Bogotá, sufrió un cautiverio temporal marcado por agresiones físicas, amenazas de muerte y su posterior abandono en plena calle, de acuerdo con Perfil. Las pesquisas revelaron que los captores contaron con la colaboración de miembros de la Senain (el extinto organismo de inteligencia del mandatario), cuyas actividades presuntamente contaron con el aval y los recursos del Palacio de Gobierno. Ya en noviembre de 2018, la magistrada Daniella Camacho, perteneciente a la Corte Nacional de Justicia, dictó auto de llamado a juicio contra Correa y otros tres exfuncionarios debido a este delito, luego de analizar 44 elementos de convicción y determinar que la privación de libertad obedeció a «una cadena de mando jerarquizada» liderada por Correa, tal como consignan Plan V y El Tiempo. Adicionalmente, la citada jueza había ordenado la prisión preventiva del exmandatario en el marco de este proceso judicial, según reportó El Universo.

Correa rechaza los cargos, que atribuye a una persecución política. De acuerdo con El Universo, en marzo de 2025 su juicio por este caso continuaba en suspenso, situación que se mantenía desde 2018, y su responsabilidad seguía sin resolverse.

Sentencia contra su jefe de inteligencia dentro del caso Balda

El 13 de agosto de 2020, en el mismo caso, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó por unanimidad a 9 años de prisión a Pablo Romero, quien fuera secretario nacional de Inteligencia (Senain) durante el gobierno de Correa, como autor mediato del secuestro de Balda, según El Universo. Balda calificó esa sentencia como «el eslabón» que conecta la cadena de mando entre los secuestradores materiales y Correa. Dos exagentes de la Senain, Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón, ya habían sido condenados en 2019 en Ecuador por el mismo caso, con penas reducidas por haberse acogido a la colaboración eficaz.

Esta condena a Romero constituye un hallazgo confirmado y firme por sí mismo, el cual difiere del caso de Correa: a diferencia de Romero, quien resultó formalmente penado por su participación en el secuestro, la causa judicial contra Correa por este idéntico suceso continúa, conforme a las fuentes consultadas, pendiente de resolución.

El caso de El Universo: la querella contra el periódico y la sentencia de la Corte IDH

El 6 de febrero de 2011 el columnista Emilio Palacio publicó en El Universo el artículo «No a las mentiras», crítico con el manejo de Correa de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. El 22 de marzo de 2011 Correa presentó una querella por injurias contra Palacio y tres directivos del diario; el 20 de julio de 2011 un juez los condenó a 3 años de prisión y al pago de 30 millones de dólares a Correa, más otros 10 millones a cargo del diario. El 27 de febrero de 2012, agotadas las apelaciones, Correa anunció su «perdón» y la causa se archivó, según GK.

Ecuador fue declarado internacionalmente responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2021, al considerar que violó la libertad de expresión y las garantías judiciales de quienes habían sido condenados, informó Primicias. La Corte dispuso que la condena quedara sin efecto y que se indemnizara a las víctimas, según CNN. Por otra parte, en noviembre de 2022 el Comité de Derechos Humanos de la ONU también concluyó que el Estado ecuatoriano lesionó los derechos de los directivos de El Universo mediante las sanciones que la Superintendencia de Comunicación les impuso bajo el gobierno de Correa, de acuerdo con El Universo.

Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal

Tales indagaciones y denuncias todavía no desembocan en una acusación formal ni en un fallo condenatorio en contra de Correa. Se enumeran a modo de antecedente procesal, y no como verdades demostradas.

Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela

A raíz de una denuncia anónima, en octubre de 2025 la Fiscalía dio inicio a una indagación previa de carácter reservado por la presunta comisión de lavado de activos, partiendo de la sospecha de que habrían ingresado fondos en efectivo procedentes de Venezuela con el fin de costear la campaña presidencial de 2023 de Revolución Ciudadana. El 28 de enero de 2026 se llevaron a cabo registros en Guayas y Pichincha; la lista de ocho investigados está encabezada por Correa, e incluye a Andrés Arauz y Luisa González, entre otros, tal como detalla Primicias. Por su parte, González negó haber recibido recursos de Venezuela.

En marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral determinó la suspensión durante nueve meses de Revolución Ciudadana debido a dicha indagación, lo cual obstaculiza la participación de la organización política bajo esa denominación en los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026, tal como informan Primicias y Vistazo. Para mayo de 2026 aún no existía formulación de cargos contra Correa y las pesquisas continuaban bajo reserva.

Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio

En la audiencia del 3 de septiembre de 2025 contra los presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato Fernando Villavicencio (9 de agosto de 2023), la Fiscalía presentó una grabación del FBI en la que uno de los sicarios, asesinado después en prisión, dice que el trabajo era «para el de arriba» y lo identifica con Correa, según Expreso. El juez advirtió a la Fiscalía contra las conjeturas y pidió no convertir el proceso en un «teatro político», de acuerdo con Infobae.

Correa no está procesado en esta causa y ha negado cualquier vínculo con el crimen. Los acusados son el exministro José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y tres cabecillas de Los Lobos; en junio de 2026 el juez declaró la validez procesal y la causa avanza hacia el llamamiento a juicio, según Primicias.

Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)

El 22 de junio de 2026, Nataly Morillo, ministra de Gobierno, presentó una denuncia ante la Fiscalía señalando que Correa estaría al frente de una red de espionaje político orientada a aprovechar los dispositivos de vigilancia de Segura EP —la corporación municipal de seguridad de Guayaquil—, lo cual configuraría posibles infracciones de peculado, uso indebido de información pública e intimidación, conforme a lo reportado por Vistazo. Dicha denuncia se fundamenta en grabaciones filtradas correspondientes a un presunto diálogo entre Correa y Rodney Rengel, quien fuera agente de policía.

Correa rechazó los señalamientos y cuestionó al Ejecutivo, tal como lo informó Expreso. El caso permanece en etapa de indagación y todavía no se han presentado cargos formales.

Fuentes consultadas