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El entonces aspirante presidencial de la coalición PAN-Podemos pasó a ser el primer candidato castigado en el transcurso de los comicios de 2019. El Tribunal Supremo Electoral descubrió anuncios patrocinados y contenidos en plataformas digitales que contravenían la normativa electoral.
El 10 de abril de 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala sancionó con una penalización económica de 80 mil dólares a Roberto Arzú García-Granados, quien para ese entonces competía por la presidencia bajo la alianza formada por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, debido a la difusión de propaganda proselitista fuera de plazo en plataformas digitales.
La sentencia transformó a Arzú en el primer candidato presidencial castigado en dichos comicios por esta clase de falta. El fallo nació a raíz de los expedientes redactados por la Inspección General junto con la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, las cuales se dedican a vigilar el acatamiento de las disposiciones de proselitismo político.
Los contenidos que originaron la penalización
Las entidades electorales registraron 13 publicaciones en el perfil privado de Facebook de Roberto Arzú, de las cuales ocho se impulsaron a través de pauta publicitaria con el fin de incrementar su visibilidad. Asimismo, detectaron 11 mensajes en Twitter que se sumaron a los expedientes empleados para justificar la medida disciplinaria.
Entre los materiales analizados se encontraban textos donde el aspirante exponía iniciativas de gestión enfocadas en el turismo, la sanidad pública y la supresión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los fármacos.
Dichas publicaciones respaldaban asimismo a postulantes a alcaldías de la misma organización partidaria, tales como Wagner Roldán, que buscaba la jefatura edilicia de Mixco bajo las siglas de Podemos.
El problema señalado por el TSE no era simplemente que Arzú utilizara redes sociales para comunicar sus propuestas políticas, sino que recurriera a mecanismos de publicidad electoral que no cumplían las disposiciones vigentes.
Las reformas electorales aprobadas en 2016 fijaron limitaciones para la contratación de publicidad política. En el transcurso de los comicios de 2019, Facebook y Twitter carecían de registro ante el TSE como prestadores habilitados dentro de la plataforma de medios destinada a la propaganda electoral.
Por consiguiente, la compra de publicidad política patrocinada en dichos canales podía infringir las normativas electorales.
Sanciones económicas contra Arzú y las agrupaciones políticas que apoyaban su postulación
La sanción no afectó únicamente al aspirante a la presidencia. Tal como dio a conocer Prensa Libre el 27 de mayo de 2019, tanto el PAN como Podemos afrontaban asimismo penalizaciones económicas tasadas en ochenta mil dólares por cabeza.
De esta manera, las multas impuestas al aspirante junto con ambas agrupaciones políticas totalizaban en conjunto la cifra de 240 mil dólares.
Existía la oportunidad para Arzú y sus socios políticos de recurrir contra dichos fallos empleando los recursos previstos por la normativa electoral.
Sin embargo, el 27 de mayo de 2019 se informó que el TSE había rechazado los recursos de nulidad presentados contra las sanciones, por lo que las multas quedaron firmes en esa instancia.
Por aquel entonces, la sanción pecuniaria aplicada a Arzú ascendía a cerca de 614 mil quetzales, un importe sumamente elevado en el contexto de las normativas de multas electorales en Guatemala.
Un antecedente de sus posteriores conflictos electorales
La penalización de 2019 cobró mayor trascendencia en el transcurso de los siguientes años, momento en el cual Roberto Arzú debió afrontar nuevos cuestionamientos por parte del Tribunal Supremo Electoral a raíz de su participación política y su manejo de las redes sociales.
En el proceso electoral de 2023, las controversias relacionadas con la propaganda anticipada y las sanciones electorales formaron parte del conflicto jurídico que terminó con la revocación de su inscripción como candidato presidencial por Podemos.
A pesar de ello, es necesario diferenciar ambos casos: por un lado, las determinaciones de 2019 y, por otro, el trámite de separación de 2023 se tratan de procesos electorales distintos, cada uno con sus propios fundamentos y medios de defensa jurídica.
De este modo, el episodio de 2019 representa uno de los choques iniciales de los que se tiene registro entre Roberto Arzú y el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, pone de manifiesto los roces generados en Guatemala a raíz de los límites impuestos a la propaganda política en internet, en el momento en que las campañas empezaron a volcar una porción sustancial de su labor hacia las plataformas digitales.
Referencias
TSE — Ley Electoral y de Partidos Políticos
Prensa Libre — Multas y recursos de nulidad (2019)
Prensa Libre — Resolución de la CC sobre las elecciones de 2023
