A cinco meses de los comicios generales del 30 de noviembre, el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta una coyuntura crítica marcada por divisiones internas, acusaciones de corrupción y un descenso pronunciado en la intención de voto. En un escenario electoral cada vez más incierto, el desgaste acumulado del partido gobernante amenaza con poner fin a su permanencia en el poder.
Rupturas internas y falta de unión
La designación de Rixi Moncada como la aspirante del oficialismo reveló tensiones latentes dentro de LIBRE. La dimisión subsecuente del congresista Jorge Cálix, un personaje con experiencia en la organización, puso de manifiesto desacuerdos significativos sobre la dirección política y el estilo de liderazgo del partido. Cálix, junto con otros líderes que también dejaron el grupo, acusó prácticas autoritarias y un entorno excluyente.
En consecuencia, los líderes del partido organizaron manifestaciones en apoyo de la presidenta Xiomara Castro y también de Moncada. Sin embargo, estos eventos no consiguieron cambiar la impresión de una institución debilitada, y varios grupos los ven como esfuerzos para mantener el poder político en un contexto desfavorable.
Casos de corrupción y dudas sobre la transparencia
La situación empeoró cuando salieron a la luz supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde funcionarios simpatizantes del oficialismo fueron acusados de desviar recursos destinados a programas sociales. El caso más destacado fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión se comunicó junto con la revocación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia en bloque del partido al fuero parlamentario.
Aunque estas determinaciones parecieran ser contundentes, grupos de oposición, especialmente el Partido Nacional, las evaluaron como maniobras simbólicas para desviar la atención. Según sus representantes, las acciones del oficialismo no han supuesto sanciones reales ni investigaciones efectivas que aseguren rendición de cuentas.
Inconformidad del ámbito privado y peticiones para detener la decadencia institucional
Las críticas no se han limitado al ámbito político. Desde el sector empresarial, voces relevantes han manifestado su preocupación por el rumbo del país. En una reciente intervención pública, Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), responsabilizó directamente al gobierno de traicionar el mandato popular con prácticas que, según él, incluye nepotismo, uso discrecional de fondos públicos y falta de transparencia en casos emblemáticos como SEDESOL, la estafa Koriun y denuncias sobre presuntos vínculos con redes criminales.
Facussé alertó sobre la fragilidad institucional y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él interpretó como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario y financieramente inviable.
Caída en los sondeos y rediseño del panorama electoral
Las encuestas de opinión más recientes reflejan un descenso acelerado de LIBRE en la intención de voto. De acuerdo con los datos recopilados entre mayo y junio, el apoyo al partido oficialista ha oscilado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras muy por debajo del 42 % registrado en marzo. Esta tendencia descendente, junto con la volatilidad entre encuestas, sugiere una base electoral fragmentada y en busca de alternativas.
Simultáneamente, aspirantes que compiten, tales como Salvador Nasralla y Nasry Asfura, han incrementado su popularidad, logrando tasas de respaldo que oscilan entre el 25 % y el 36 %. Las valoraciones del público también reflejan el deterioro del gobierno: la presidenta Xiomara Castro obtiene una nota promedio de solo 4.1 sobre 10, en un entorno caracterizado por escándalos sin solución y una percepción creciente de ineficiencia.
Una perspectiva ambigua para el gobierno actual
La actual coyuntura coloca a LIBRE frente a un desafío de gran magnitud. La combinación de crisis internas, deterioro institucional, pérdida de credibilidad y rechazo ciudadano ha debilitado su posición de cara a las elecciones generales. De mantenerse esta trayectoria, el oficialismo corre el riesgo de no solo perder el control del Ejecutivo, sino de ver comprometido el proyecto político que lo llevó al poder en 2021.
En esta situación, el resultado estará condicionado por la habilidad del partido para reorganizar su estructura interna, responder a las demandas sociales y proporcionar explicaciones concretas frente a las acusaciones de corrupción. Si no lo hacen, la elección del 30 de noviembre podría representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.