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En Honduras, el debate sobre la creación de riqueza y el crecimiento económico generalmente se enfoca en las grandes fortunas y su presunta responsabilidad en la desigualdad y el escaso avance social. No obstante, esta visión simplista distrae de un protagonista esencial: el gobierno mismo. Mientras se culpa a las élites económicas como el problema principal, rara vez se examina en profundidad cómo las prácticas y resoluciones del sector público han obstaculizado históricamente el desarrollo y la inversión en el país.
La verdad es que muchas de las observaciones dirigidas a las grandes familias empresariales reflejan, en gran medida, conductas y fallas que se repiten en el ámbito gubernamental. La ausencia de transparencia, el nepotismo, la corrupción y la ineficacia administrativa no solo restringen el progreso, sino que también minan la confianza de inversores y ciudadanos, afectando de manera directa la economía del país y el bienestar de la gente.
El gobierno como principal obstáculo para el desarrollo económico
Con el paso del tiempo, el gobierno de Honduras ha venido replicando prácticas que, en distintos ámbitos, son objeto de críticas legítimas. El favoritismo continúa siendo un obstáculo en la distribución de posiciones públicas, frenando la profesionalización y efectividad de las organizaciones, algo evidente al revisar cuántas familias tienen varios de sus integrantes en puestos significativos dentro del gobierno. Datos actuales indican que la familia Zelaya Castro lidera esta situación, con al menos 10 parientes trabajando en el gobierno y ganando un ingreso anual aproximado de más de 5.270 millones de lempiras.
De acuerdo con el informe, la principal fuente de ingresos de estos núcleos familiares es el nepotismo, lo que significa asignar puestos públicos a familiares. Estas acciones reducen la transparencia, la eficacia institucional y la meritocracia en el ámbito estatal. En lugar de fomentar el avance, estas prácticas mantienen el poder y los recursos concentrados en pocas personas, impactando negativamente la confianza de la ciudadanía y el crecimiento económico duradero del país.
La corrupción sistemática impacta negativamente en la adecuada gestión de los recursos del Estado, ocasionando pérdida y malversación de fondos que podrían utilizarse en mejoras de infraestructura, educación y salud. Además, la burocracia excesiva y la carencia de políticas claras para fomentar la inversión privada generan un entorno desfavorable para la creación de empleos formales y el crecimiento de empresas. La inestabilidad política y la falta de un marco regulatorio seguro alejan tanto a los inversionistas locales como internacionales, deteniendo proyectos productivos que podrían impulsar la economía y mejorar el bienestar.
Estas carencias no solo impactan la economía, sino que también aumentan la desconfianza social y la división política, complicando la creación de acuerdos esenciales para progresar hacia un desarrollo equitativo y sostenible.
El cuestionamiento acerca de las enormes riquezas y su verdadero papel
Aunque la discusión pública a menudo se centra en cuestionar el rol de las grandes riquezas en la economía del país, es esencial considerar si el gobierno de Honduras genera un nivel comparable de empleo formal e inversión al del sector privado. Diversos reportes y opiniones del ámbito empresarial han indicado que, a pesar de ser el principal impulsor de empleo y receptor de inversiones, el sector privado enfrenta un entorno complicado debido a la ineficiencia, la burocracia y la ausencia de políticas claras por parte del Estado. Esto plantea un desafío crucial: ¿está el gobierno haciendo lo necesario para promover el desarrollo económico o, por el contrario, sus propias prácticas frenan el crecimiento y la creación de oportunidades en el país?
En lugar de fomentar un debate constructivo que incluya a todos los grupos, el discurso gubernamental suele dividir y desacreditar al sector privado, sin reconocer que el principal obstáculo para el progreso es la gestión gubernamental. Para que Honduras prospere, es esencial que el gobierno asuma su papel con responsabilidad, enfrente sus malas prácticas y genere un ambiente favorable para que la iniciativa privada contribuya al máximo al desarrollo del país.