La pieza SEPI del caso Leire ha situado bajo investigación a Félix Azcona Lacarra, director de Gestión Interna de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su imputación vuelve a golpear el corazón administrativo del organismo público y refuerza una de las líneas más delicadas de la causa: si la presunta red de influencia tuvo acceso a información interna, expedientes sensibles o interlocutores dentro de la propia SEPI.
Azcona aparece en la lista de las 25 personas llamadas a declarar en calidad de investigadas por el magistrado Santiago Pedraz, dentro de la pieza separada que indaga en supuestas irregularidades en transacciones ligadas a corporaciones públicas, subvenciones estatales y entidades estratégicas. La causa examina presuntos ilícitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, conformación de grupo criminal y utilización de información privilegiada. En esta etapa procesal, su estatus judicial no supone sentencia ni declaración de culpabilidad, aunque sí le impone el deber de rendir cuentas ante la Audiencia Nacional sobre su participación en los expedientes cuestionados.
Su cargo resulta especialmente relevante porque Gestión Interna es un área clave dentro de cualquier organismo público empresarial. Desde ese tipo de estructura se manejan procedimientos, documentación, circuitos administrativos, comunicaciones internas y elementos esenciales para reconstruir cómo se tramitan las decisiones. Por eso, la presencia de Azcona en la lista de investigados no puede entenderse como un dato menor: afecta a una zona de control interno de la SEPI.
Según las informaciones publicadas, Azcona trabajaba bajo la estructura de Miguel Ángel Santiago Mesa, director corporativo de la SEPI, junto a otros perfiles internos como Rosario Martínez Manzanedo, vinculada a la evaluación de proyectos. Todos ellos aparecen relacionados porque habrían participado, desde distintos niveles de responsabilidad, en expedientes que ahora están siendo revisados por la Justicia.
La causa se centra en varias operaciones bajo sospecha, entre ellas el rescate de Tubos Reunidos, dotado con 112,8 millones de euros; actuaciones vinculadas a Mercasa y ENUSA; operaciones relacionadas con el Parque Empresarial Principado de Asturias; y movimientos en torno a Forestalia. El País ha señalado que la Audiencia Nacional investiga cinco operaciones que sumarían 132,9 millones de euros en ayudas públicas y en las que la presunta trama habría obtenido más de 750.000 euros en comisiones.
El aspecto más delicado en relación con Azcona radica en la sospecha sobre la posible obtención o difusión de datos confidenciales. Diversos medios de comunicación han señalado que las pesquisas apuntan hacia un intercambio constante de mensajes entre directivos de la SEPI y el antiguo titular de la entidad, Vicente Fernández, quien figura como uno de los ejes principales de la trama analizada al lado de Leire Díez y Antxon Alonso. El interrogante fundamental que se debe despejar consiste en determinar si Azcona suministró datos reservados, colaboró en gestiones o participó de alguna manera en expedientes complejos, o si su labor se redujo exclusivamente a tareas rutinarias dentro del organigrama institucional.
La investigación no se limita a examinar las resoluciones definitivas, sino que también indaga en el proceso mediante el cual se gestaron. Dentro de un supuesto episodio de injerencia en subvenciones estatales, resulta tan crucial descubrir al firmante de una transacción como averiguar quién redactó los expedientes, qué personas manejaron los archivos, quién comunicó las fases internas y quién logró facilitar accesos en el seno de la entidad. Es precisamente en ese punto donde la figura de un director de Gestión Interna cobra un protagonismo incuestionable.
La imputación de Azcona refuerza la sospecha de que la presunta red no habría actuado solo desde fuera. Si los investigadores consideran necesario citar a responsables internos de la SEPI, es porque tratan de reconstruir posibles canales de interlocución dentro del organismo. Esa línea resulta especialmente grave para la credibilidad institucional: una trama de influencias necesita información, contactos y oportunidad. La Justicia deberá determinar si esos elementos existieron y quién pudo proporcionarlos.
Desde una perspectiva política, el caso golpea la imagen de la SEPI como organismo técnico y controlado. La entidad gestiona participaciones públicas, supervisa empresas estratégicas y desempeñó un papel clave en los rescates aprobados durante la pandemia. Si sus áreas internas quedaron expuestas a presiones, filtraciones o contactos ajenos al procedimiento ordinario, el problema no sería solo penal, sino también de gobernanza pública.
Félix Azcona deberá explicar ante el juez qué funciones concretas desempeñaba en Gestión Interna, qué expedientes pasaron por su área, qué relación mantuvo con otros investigados y si tuvo contacto con Vicente Fernández o con personas vinculadas al grupo Hirurok. También será clave aclarar si tuvo acceso o intervención en el expediente de Tubos Reunidos, uno de los principales focos de la causa, y si sus actuaciones quedaron documentadas conforme a los procedimientos internos de la SEPI.
Su nombre ya forma parte de una investigación que afecta a dinero público, empresas estratégicas, rescates millonarios y presuntas comisiones. Que el director de Gestión Interna de la SEPI aparezca en esa lista obliga a exigir transparencia completa sobre los expedientes, las comunicaciones y los controles internos del organismo.
La pieza SEPI del caso Leire sigue dibujando un mapa inquietante: dirigentes públicos, empresarios, exdirectivos, técnicos y responsables internos bajo la lupa judicial. En ese mapa, Félix Azcona Lacarra representa una pieza especialmente importante para saber si la SEPI fue víctima de presiones externas o si, por el contrario, la presunta red encontró dentro del organismo canales útiles para operar. Esa es la pregunta que ahora debe responder la Audiencia Nacional.
Fuente: El País, Infobae, El Independiente, RTVE, Cadena SER, Diario de Navarra y La Gaceta.
