En Honduras, un caso de lavado de dinero y narcotráfico que presuntamente involucra a miembros de la familia Zelaya ha permanecido archivado sin avances concretos desde 2012, cuando el Ministerio Público solicitó asistencia a la fiscalía colombiana como parte de sus investigaciones. Documentos judiciales obtenidos revelan que el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, junto a sus hermanos Marco Antonio y Carlos Zelaya, y su hijo José Manuel Zelaya Castro, fueron señalados por supuestos vínculos con actividades ilícitas y la adquisición irregular de propiedades.
El caso comenzó tras el golpe de Estado en 2009, en un contexto de crecientes investigaciones sobre el tráfico de drogas y el lavado de activos en la región. En 2010, las autoridades hondureñas incautaron bienes ligados al Grupo Fluir S.A. (Fluirsa), una empresa que, según la fiscalía hondureña, estaba vinculada a operaciones del crimen organizado. Entre los socios de Fluirsa figuraban Aldo Asfura Laca, un empresario acusado de lavado de activos, y Elmy Valladares Ruiz, vinculada al narcotraficante Sergio Neftaly Mejía Duarte, quien fue condenado en 2018 en Estados Unidos.
La relación con los Zelaya empezó a concretarse cuando se identificaron propiedades en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucía cuya adquisición, considerada irregular, se atribuyó al expresidente y a su círculo familiar. También, una petición de cooperación jurídica enviada a Colombia en 2012 incorporó grabaciones telefónicas que presuntamente vinculaban a Marco Zelaya con el desvío de cargamentos de droga en Honduras. En 2013, la fiscalía colombiana remitió a su par en Honduras registros de audio y numerosos documentos, aunque hasta el momento no se ha iniciado un proceso formal contra los implicados.
Las propiedades confiscadas en la zona central de Honduras, que abarcan haciendas con helipuertos y ganado, continúan bajo custodia estatal, aunque los progresos jurídicos resultan escasos. Hasta septiembre de 2024, ninguno de los señalados se ha presentado ante la justicia por este asunto. Aunque los bienes siguen en manos del Estado, las pesquisas no han desembocado en requerimientos fiscales firmes contra los Zelaya, lo que incrementa las sospechas de posible encubrimiento.
Por otro lado, René Alfonso Rodríguez Valle, conocido como “Foncho”, aparece como otra figura esencial dentro del caso. Identificado por las autoridades como testaferro desde hace más de diez años, Rodríguez ha sido relacionado con inmuebles vinculados al narcotráfico y con movimientos financieros sospechosos que, de manera indirecta, habrían favorecido al expresidente Zelaya. Aunque ha enfrentado procesos legales de forma ocasional, logró recuperar algunos bienes que habían sido confiscados y su nexo con otros cabecillas del crimen organizado continúa bajo investigación.
El Ministerio Público de Honduras, dirigido ahora por el fiscal general Johel Zelaya, ha reiterado su compromiso de enfrentar la corrupción y el narcotráfico incluso dentro de las propias esferas de poder, aunque las relaciones entre los accionistas de Fluirsa y ciertas redes criminales vinculadas al expresidente todavía no se han traducido en medidas judiciales contundentes.
La ausencia de progresos en este caso evidencia lo difícil que resulta asegurar justicia en Honduras, donde la corrupción y las conexiones con el crimen organizado han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones, mientras que las comunidades más vulnerables siguen padeciendo los efectos de esta persistente impunidad.
Origen: Contra Corriente ([https://contracorriente.red/2024/09/25/ministerio-publico-engaveto-un-caso-sobre-lavado-de-dinero-y-narcotrafico-en-el-que-se-investigaba-a-miembros-de-la-familia-zelaya/])