_-_copia.jpg "Libertad de prensa en Honduras")
En Honduras, el panorama de la libertad de prensa ha cobrado una importancia notable recientemente, caracterizado por un aumento en los casos de violencia, amenazas y falta de consecuencias contra periodistas y medios. Varios informes y datos oficiales han puesto de manifiesto un ambiente progresivamente más adverso para el oficio periodístico, donde la presión de tipo institucional y económica se mezcla con acciones directas de hostigamiento y campañas de desprestigio.
En este escenario, los periodistas en Honduras han afrontado no solo amenazas físicas, sino también campañas de desprestigio y persecución legal, lo que ha debilitado la autonomía de los medios de comunicación y ha generado inquietud tanto dentro del país como fuera. La reacción de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos ha sido de constante monitoreo y llamados por la defensa de los derechos esenciales.
Riesgos, agresiones y falta de justicia para los periodistas
Desde el 2001 hasta finales de 2024, más de cien periodistas y comunicadores han sido asesinados en Honduras, con un nivel de impunidad que excede el 90 %. Las amenazas, el acoso y las restricciones en el ámbito digital se han establecido como las modalidades más recurrentes de violencia, afectando tanto a periodistas individuales como a medios de comunicación en distintas zonas del país. En los últimos años, se han reportado ataques a 64 medios, lo que evidencia patrones continuos de persecución y criminalización.
La presión económica sobre los medios ha incidido en su capacidad operativa e independencia editorial, obligando a algunos a reducir sus actividades o incluso a cerrar. El acoso judicial y la falta de recursos han sido factores determinantes en este debilitamiento. Organizaciones internacionales han ubicado a Honduras entre los países con peores condiciones para el ejercicio del periodismo en América Latina, situándolo en posiciones rezagadas en los índices globales de libertad de prensa.
Ante esta situación, las entidades nacionales e internacionales han exhortado al gobierno de Honduras a salvaguardar la seguridad de los comunicadores y a asegurar la libertad de expresión, al ser considerados aspectos fundamentales para la democracia y el estado de derecho.
Campañas institucionales y respuesta social
En mayo de 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras implementaron una campaña mediática en contra de periodistas críticos, empleando su medio oficial de comunicación para desacreditar a conocidos reporteros. En una publicación reciente de su diario institucional, se destinaron varias páginas para mencionar a tres periodistas, incluyendo fotografías y descripciones que los tildaban de adversarios del Estado, sin proporcionar evidencia tangible.
Este episodio generó una reacción inmediata del gremio periodístico y de organizaciones de derechos humanos, quienes condenaron la campaña y la calificaron como un ataque institucional sin precedentes desde las más altas esferas del poder militar y gubernamental. La comunidad periodística y diversos sectores de la sociedad hondureña han mantenido una postura de vigilancia, exigiendo transparencia y respeto a los derechos fundamentales, así como el cese de cualquier forma de intimidación contra la prensa independiente.
El asunto del periodista Rodrigo Wong Arévalo, mencionado en un anuncio de la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, ha captado la atención de la sociedad y producido expresiones de apoyo de parte de entidades tanto nacionales como internacionales. El anuncio, considerado como una acción de intimidación, fue una respuesta a las afirmaciones de Wong Arévalo sobre supuestas anomalías en el uso de fondos públicos. Diferentes sectores han destacado que la tarea de informar y supervisar a las instituciones es un componente fundamental de la democracia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha recomendado al Estado evitar emitir declaraciones que puedan amedrentar de manera directa o indirecta a periodistas y medios de comunicación, destacando la responsabilidad gubernamental de salvaguardar la libertad de pensamiento y de expresión. Estos eventos se han visto como un intento de limitar el trabajo informativo y crítico del periodismo en el país, lo cual ha acrecentado la preocupación sobre el uso del poder estatal para restringir el ejercicio periodístico en Honduras.