_-_copia.jpg "Violencia política de género en Honduras")
En Honduras, varias diputadas de diferentes partidos políticos han denunciado públicamente una serie de abusos, agresiones verbales y violencia política de género dentro del Congreso Nacional. Estas denuncias reflejan un ambiente hostil donde las legisladoras enfrentan intimidaciones y minimizaciones por su condición de mujeres, especialmente cuando expresan posturas críticas o toman la palabra en debates legislativos. Estas situaciones han generado un debate en torno al respeto y la igualdad en los espacios de poder, poniendo en evidencia la persistencia de comportamientos misóginos y lenguaje violento en el hemiciclo.
Los informes también indican que estas acciones se han agravado en el contexto de debates controvertidos, como aquellos sobre la Ley de Justicia Fiscal y la reforma del Sistema Judicial. A pesar de la seriedad de estos eventos, las instancias del Congreso no habrían impuesto castigos disciplinarios a los culpables, lo que fomenta la aceptación de la violencia política de género. Ante esta situación, las legisladoras han demandado acciones específicas para asegurar su seguridad y el respeto a su trabajo legislativo.
Ambiente institucional en el Congreso Nacional y violencia política de género
Las legisladoras han expresado que en el Congreso Nacional se replican comportamientos que van desde insultos verbales hasta intentos de agresión física, lo cual evidencia un patrón de violencia política de género. Esta situación impacta la participación total y activa de las mujeres en el proceso legislativo, creando un entorno de intimidación y exclusión.
La violencia política de género se manifiesta especialmente en momentos de debate intenso, cuando las legisladoras asumen posiciones críticas frente al oficialismo. Esta situación no solo vulnera los derechos de las mujeres parlamentarias, sino que también pone en riesgo la calidad democrática, al limitar la diversidad de voces y opiniones en la toma de decisiones. La ausencia de protocolos específicos para atender estos casos en el Congreso contribuye a la persistencia de esta problemática.
Apoyo social y institucional y peticiones de las legisladoras
Distintas áreas de la sociedad civil, junto con entidades internacionales como ONU Mujeres y la Red de Parlamentarias de América Latina, han mostrado su respaldo a las legisladoras afectadas y han instado al Estado hondureño a asegurar condiciones de igualdad y seguridad para todas las diputadas. Estas entidades han enfatizado la urgencia de aplicar sanciones disciplinarias inmediatas contra aquellos que lleven a cabo actos de violencia política, así como de desarrollar protocolos específicos para prevenir y abordar estas situaciones en el ámbito legislativo.
Las legisladoras han expresado que persistirán en su esfuerzo por recibir atención y ser tratadas con dignidad, subrayando que su papel es defender a la población y no ser víctimas de hostigamiento o abuso. Entre sus peticiones se incluye la implementación de procedimientos definidos para salvaguardar su seguridad, el reconocimiento absoluto a su tarea legislativa y la eliminación de cualquier tipo de violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas medidas se consideran esenciales para robustecer la democracia y asegurar la participación igualitaria de las mujeres en el ámbito político de Honduras.