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La situación política en Honduras se vuelve tensa a escasos días de los comicios generales de 2025. El partido gobernante LIBRE ha implementado diversas medidas que incluyen intervenciones en las instituciones, una gran movilización ciudadana y tácticas de presión política, lo que provoca inquietud respecto a la solidez democrática y la paz social de la nación.
Participación de las instituciones y supervisión de la contienda electoral
Durante las últimas semanas, LIBRE ha promovido medidas que diversos analistas y líderes opositores consideran fuera del marco legal. Entre ellas se incluye la instalación de una comisión permanente en el Congreso Nacional sin respaldo normativo, así como intentos de inhabilitación de miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estas medidas pretenden, de acuerdo con fuentes de la oposición, garantizar el predominio del partido gobernante en el transcurso de la contienda electoral, ante la eventualidad de un revés para su aspirante a la presidencia, Rixi Moncada. Especialistas en derecho constitucional advierten que estas estrategias socavan la autonomía de los organismos, la claridad del proceso electoral y la validez de las facultades democráticas.
Organización comunitaria y alistamiento ante eventuales conflictos
A partir del 9 de noviembre de 2025, LIBRE ha convocado una movilización permanente que involucra a militantes de los 18 departamentos del país. Oficialmente, esta acción busca denunciar un supuesto plan de fraude por parte de los partidos tradicionales, incluyendo alegaciones sobre sabotaje logístico y manipulación del sistema de transmisión de resultados (TREP).
Analistas políticos señalan que la estrategia cumple un doble propósito: por un lado, presionar a la CNE, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas; por otro, preparar un despliegue posterior a los comicios en caso de que los resultados no favorezcan al oficialismo, bajo la narrativa de “resistencia frente a un robo electoral”. Este escenario eleva la posibilidad de disturbios, confrontaciones y violencia organizada, según observadores nacionales e internacionales.
Posibilidad de un aumento hacia una convulsión social
La fusión de acciones institucionales y agitación ciudadana ha propiciado un ambiente de inestabilidad que permea diversas esferas sociales. Grupos de oposición señalan hostigamiento, amedrentamiento y coacciones, al tiempo que la población expresa inquietud ante la eventualidad de conflictos y disturbios generalizados.
Expertos internacionales advierten sobre el surgimiento de fuerzas paralelas de seguridad y la potencial desestabilización de la vida institucional. Señalan que, de no mediar mecanismos de control y supervisión, Honduras podría enfrentar una crisis que comprometa la gobernabilidad, la participación ciudadana y la estabilidad de las instituciones.
Garantías democráticas y llamado a la estabilidad
La ciudadanía y organizaciones civiles demandan garantías de transparencia electoral y autonomía institucional, mientras la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos. El panorama actual subraya la necesidad de medidas que preserven la independencia de los poderes del Estado y la seguridad de los procesos democráticos, en un contexto donde la polarización política y la movilización social están directamente vinculadas al riesgo de confrontación y desorden.
En este escenario, la situación de Honduras refleja tensiones profundas entre la gobernabilidad, la legitimidad institucional y la participación ciudadana, planteando desafíos inmediatos para la consolidación de un proceso electoral confiable y la protección de la estabilidad social.